¿Por qué no baja el riesgo país?

 Por Luis Fierro Carrión (*)

Twitter: @Luis_Fierro_C

En las últimas semanas, el llamado “riesgo país” del Ecuador, en lugar de bajar, ha seguido subiendo, alcanzando 1.945 puntos básicos (esto es, 19,45 % por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU.).

El “riesgo país” en esencia refleja la probabilidad de que un país declare la moratoria en el servicio de su deuda externa. Es cierto que el Ecuador tiene una trayectoria negativa en este sentido, habiendo declarado moratoria en 11 ocasiones, empatando con Venezuela y Argentina en el récord de moratorias (la última en 2020, al inicio de la pandemia). (España tiene más moratorias, pero a lo largo de 5 siglos).

No obstante, los indicadores macroeconómicos del Ecuador mas bien deberían haber inducido una reducción de dicho diferencial.

Hace unas semanas se anunció un acuerdo para reestructurar la deuda externa con entidades chinas, reduciendo la tasa de interés entre 0,2 y 1 %; extendiendo los plazos; y reduciendo el servicio de la deuda en $870 millones en 2022-23.

El déficit fiscal ha bajado de $7.100 millones en 2020 a $2.300 millones en 2022. La relación deuda pública/PIB bajará de 62,2 % del PIB en 2020, a 57 % del PIB en 2023. Las reservas internacionales han superado $8.400 millones (habiendo bajado a menos de $2.000 millones en marzo 2020).  El precio promedio del petróleo ha superado las proyecciones del FMI (por $24,20 por barril en 2022, y en $13,50 por barril en un plazo mediano). La tasa de crecimiento del PIB prevista en 2022 (2,9 % según el FMI) es una de las mas altas en la región, en tanto que la inflación es una de las más bajas (4,1 %).

Todos estos factores macroeconómicos objetivos deberían haber bajado el riesgo país a unos 500-600 puntos, pero en su lugar se ha disparado a cerca de 2.000 puntos.

La explicación, por ende, no es que haya aumentado el riesgo de moratoria en el corto plazo (diría que ese riesgo es cero, dado que los pagos principales del FMI y China se han postergado a partir de 2025, y de los bonos soberanos a 2026).

La preocupación es fundamentalmente política:

•       Se considera que el gobierno del Presidente Lasso no podrá aprobar reformas estructurales en la Asamblea, por ejemplo, en el ámbito laboral o de inversiones.
•       No parece viable la apuesta por duplicar la producción petrolera (la producción minera seguirá aumentando, pero gradualmente).
•       Existe un riesgo de que la Asamblea destituya al Presidente, o que este invoque la “muerte cruzada”.
•       Si bien el Sr. Iza se ha debilitado al interior del movimiento indígena, todavía es posible un nuevo “estallido” que afecte la producción petrolera, minera y rural (agrícola, ganadera, florícola, etc.).
•       Se teme que el próximo gobierno (sea producto de la “muerte cruzada”, o de elecciones regulares en 2025) no sea “amigable al mercado” e invoque una nueva moratoria de la deuda.

El “efecto Iza” entonces se vuelve en realidad en un efecto Iza-Correa-PSC-Pachakutik. Algunos voceros del PSC (entre ellos la Alcaldesa Viteri) han cuestionado el servicio de la deuda externa, y al parecer tienen una alianza estrecha con el Correísmo y los sectores “anticapitalistas” del movimiento Pachakutik.

También hay factores técnicos que afectan el riesgo país de Ecuador, tal como la escasa liquidez y elevado costo de transacción, dado que el país no es un emisor recurrente.

A largo plazo, la única forma de superar esta percepción de elevado riesgo es logrando un acuerdo fiscal entre las principales fuerzas políticas, asumiendo como un objetivo rebajar el costo del financiamiento externo del país; y reformas tributarias que eleven el nivel de presión fiscal del país a niveles cercanos al promedio de América Latina.  Actualmente, es del 19,1 % del PIB, mientras que el promedio de América Latina es 21,9 %, y para los países de la OCDE 33,5 %.

(*) Una versión más corta de esta columna se publicó en el Diario "El Universo" del Ecuador el 20 de octubre de 2022

https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/por-que-no-baja-el-riesgo-pais-nota/

 

Una exitosa reestructuración de bonos

Por Luis Fierro Carrión (*)

El gobierno anunció el 3 de agosto que había obtenido el consentimiento (los “votos”) del 97,85 % de los tenedores de bonos de deuda externa en favor del canje de bonos (95,42 % en los bonos 2024, que requerían el 75 %). Se amplió el plazo hasta el 7 de agosto para permitir que aquellos que no hubiesen emitido su consentimiento pudiesen sumarse al canje.

Esta una excelente noticia para el Ecuador, y cabe felicitar al equipo del Ministro Richard Martínez, así como a sus asesores financieros y legales.

Mediante el acuerdo, se canjearán la serie de 10 bonos (que originalmente vencían entre 2022 y 2030) por tres nuevos bonos, que vencen en 2030, 2035 y 2040 (amortizaciones de capital distribuidas en cinco años, en cada caso).

Habrá una reducción inmediata del monto del capital adeudado por $ 1.540 millones de dólares (una reducción de 9 %, con respecto al monto original de $17.375 millones), pero se estima que el arreglo permitirá una reducción del valor presente neto (VPN) del 41,7 % (tomando como base una tasa de descuento del 10 % anual). Este ahorro se produce principalmente por la reducción de las tasas de interés de un promedio de 9,2 % anual a 5,3 % anual, a lo cual se suma la reducción mencionada del principal; y la extensión de los plazos (de un promedio de 6,1 años a 12,7 años).  También influye la postergación del pago de los intereses suspendidos en el periodo marzo-agosto ($818 millones), que serán pagados con bonos sin interés entre 2026 y 2030.

La tasa de descuento es el costo de oportunidad del dinero: da igual recibir 90 ahora o 100 dentro de un año. Tiene relación con el rendimiento promedio del capital en una economía.  Algunos analistas prefieren usar una tasa mas alta (12 %), aunque el Banco Mundial para su análisis de costo-beneficio de sus proyectos toma como base una tasa de descuento del 5 % (actualmente hay pocas actividades lícitas que garanticen un rendimiento mayor al 5 % anual).

Dos fondos de inversión, GMO y Contrarian Capital, interpusieron una demanda en una corte del Distrito Sur de Nueva York, argumentando que la propuesta del gobierno era coercitiva.  Los dos fondos formaban parte de un “Comité Directivo” de tenedores que decían representar cerca del 25 % de los bonos, los cuales presentaron una propuesta que era menos ventajosa para el Ecuador. Pero luego de que la Jueza Caproni desestimase sus argumentos y no diera paso a una “medida cautelar” para frenar la votación, incluso los dos fondos demandantes aceptaron la oferta inicial del Ecuador.

Todo esto se producía, además, en medio del enfrentamiento entre el gobierno de Argentina y sus tenedores de bonos. El gobierno argentino ofrecía una reducción del 47 % en el valor presente neto, y los tenedores contra ofertaban una reducción del 44 %. El 4 de agosto (un día después del Ecuador) se anunció un acuerdo para una reducción del 45,2 % en VPN (con la misma tasa de descuento de 10 %).

El menor descuento en el caso del Ecuador podría atribuirse a que el FMI no había considerado insostenible la deuda externa del país, a diferencia de Argentina.

Es importante aclarar es que la reestructuración de los bonos no implicará la entrada de nuevos ingresos al país. Sí reduce la carga del servicio de la deuda, en $1.361 millones en 2020, y un total de $10.000 millones hasta 2025 (pateando hacia adelante el grueso de las amortizaciones).

Pero no contribuye de otra manera a reducir el déficit fiscal ni a cerrar la brecha de financiamiento, estimada en $4.000 millones. Para ello se está negociando un nuevo programa con el FMI, el mismo que tomará en cuenta la reducción de la deuda en bonos, así como los esfuerzos ya realizados de consolidación fiscal; pero seguramente buscará una mayor reducción del déficit y reformas estructurales.

También se ha vuelto a anunciar nuevos préstamos de bancos chinos por $2.400 millones; y se anunció que se diferirán las amortizaciones de capital que vencían hasta julio 2021, por un monto de $417 millones. En el caso de la deuda bilateral con China, no se espera una reducción del principal ni de la tasa de interés de los préstamos vigentes, aunque si se espera que la tasa de interés de los nuevos préstamos sea menor. En el marco del G-7, se ha instado a China a sumarse a los esfuerzos de alivio de la deuda en el marco del Club de París (China no pertenece a este foro de acreedores).

Sería lamentable que el próximo gobierno vuelva a endeudar al país como lo hicieron los gobiernos de Correa y Moreno. Correa cuadruplicó la deuda pública (pasando de $10.234 millones en diciembre 2009 a $ 41.894 millones en mayo 2017).   Parte de la culpa también la tienen los inversionistas, quienes hasta el año pasado prestaban dinero al Ecuador por el alto rendimiento que se ofrecía, pese a ser un país que compite con Argentina y Venezuela por el récord de moratorias de deuda.

(*) Una versión más corta de esta columna se publicó el 7 de agosto en el Diario “El Universo” de Ecuador.

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/08/07/nota/7932633/reestructuracion-bonos

La Deuda Eterna

Por Luis Fierro Carrión (*)

El Ecuador nació endeudado.  Al independizarse la República del Ecuador, se llegó a un acuerdo mediante el cual el naciente Estado asumiría el 21,5 % de la deuda de la “Gran Colombia”, equivalente a 1’424.579 libras esterlinas.

La distribución de esta deuda se realizó en una reunión convocada en Bogotá, a la cual no asistió el delegado ecuatoriano. La división se hizo en base a la población, pero no tomó en cuenta en dónde estaban los activos (principalmente armamento) adquiridos con esa deuda. “Salvo la vieja fragata Colombia, que casualmente se encontraba en aguas ecuatorianas, y 16 mil pesos, el Ecuador no recibió ningún otro bien material como saldo de las compras realizadas con los empréstitos conseguidos para las luchas de la Independencia (Alberto Acosta Espinosa, “La Deuda Eterna”, 1990, p. 64).

La República empezó a andar con las dificultades de un niño que llevaba “un quintal de plomo sobre las espaldas”, al decir de Agustín Moreno (citado por Acosta).

A partir de 1830, se sucedieron moratorias en el pago de la deuda externa, renegociaciones, propuestas de arreglos, etc.  Ecuador empata con España, Venezuela y Argentina como los países que más moratorias de deuda externa han tenido (una docena en cada caso).          

El libro de Acosta narra la historia de la deuda externa ecuatoriana hasta 1990, con su secuencia de “defaults”, negociaciones, propuestas. En algunas ocasiones se ofreció pagar la deuda con “tierras baldías” en la Amazonía o Esmeraldas, con las Islas Galápagos, con participaciones en los ingresos de la aduana, rentas de minas y otros tributos.  El empeño de entregar “tierras baldías” en la Amazonía suscitó incluso conflictos militares con el Perú, que reclamaba la soberanía sobre dichos territorios. Así, por ejemplo, en 1859 se firmó bajo ocupación el Tratado de Mapasingue, que anulaba la entrega de territorios a los tenedores de bonos.

Ya en 1855 se jugaba con la compra de los bonos en el mercado secundario: se podía comprar al 4 por ciento del valor nominal, y, tras algunos arreglos de pago, el precio subía al 16 %. Luego de la Revolución Liberal, se canjearon los bonos de la “deuda inglesa” por nuevos bonos para financiar la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito. Conforme avanzaba la “recompra” de los bonos de la independencia, su precio subía, hasta llegar a 45 %.

La “deuda inglesa” de la independencia recién sería cancelada en 1976, en medio del boom petrolero. 

El “boom petrolero” de los años setenta fue la primera oportunidad de eliminar la deuda externa del país. Noruega, por ejemplo, que desarrolló los campos petroleros del Mar del Norte, no solo que no se endeudó, sino que acumuló a partir de 1990 un fondo de inversión soberano que para el 2020 había alcanzado un valor de 1’186.000 millones de dólares en activos.

Pero el Ecuador, cuya deuda externa se había reducido a apenas $241 millones en 1970 (15 % del PIB), comenzó a endeudarse agresivamente, en parte para financiar obras de infraestructura como represas hidroeléctricas, y en parte por gasto militar, llegando a $10.283 millones en 1987 (5,3 veces las exportaciones, 109 % del PIB).

La segunda oportunidad para eliminar la deuda se produjo durante el gobierno de Correa, en los años 2007-2016, cuando los precios del petróleo subieron, generando $95.581 millones de ingresos para el fisco. De hecho, en 2007, se canceló el saldo de la deuda con el FMI.

Pero, en lugar de cancelar la deuda y acumular fondos de ahorro e inversión; el gobierno de Correa efectuó una moratoria, no por incapacidad de pago, sino para manipular al mercado (tanto es así que se utilizaron más fondos para la recompra de los bonos con descuento que lo que hubiese sido el servicio de la deuda previsto ese año).

Al caer los precios del petróleo a partir de 2014, en lugar de reducir el abultado gasto público (44 % del PIB en 2014), el gobierno de Correa comenzó a endeudarse agresivamente.  Así, la deuda externa pública pasó de $8 mil millones en 2009 (13,2 % del PIB) a $32 mil millones en 2017 (32 % del PIB) y $40 mil millones en abril 2020 (37 % del PIB). De este total, corresponde a los bonos $18.747 millones.

Ante la pandemia de COVID-19, el colapso de las exportaciones y de los ingresos fiscales, el gobierno solicitó a los tenedores de bonos una suspensión de los pagos hasta el mes de agosto, con miras a una reestructuración. Está claro que el Estado ecuatoriano no podrá seguir atendiendo el servicio de la deuda en los términos previstos inicialmente. Se espera que se apruebe un período de gracia (sin pagos de capital o intereses, quizás hasta diciembre); una reducción de intereses; una extensión de los plazos (se podrían extender entre 5 y 7 años); y posiblemente una reducción del monto de capital (una “quita” del principal del 15 %).

El banco de inversión Barclays, en un análisis del tema, indicaba que se podría obtener una reducción del 46 % en el valor presente neto de los bonos, combinando una reducción del capital, período de gracia, intereses más bajos (que estima podrían subir de 0 % en 2020 a 6 % después de 2023), y plazos más extensos.  El mismo Fondo Monetario Internacional ha indicado que los países en desarrollo requerirán un alivio de la deuda como efecto de la grave recesión económica causada por la pandemia.

Pero aun si se da una reestructuración adecuada, es probable que la deuda externa continúe afectando la vida y la economía del país por generaciones (a menos que en un futuro boom petrolero o minero se tomen medidas para crear un fondo de ahorro e inversión).

(*) Una versión resumida de este articulo fue publicada en el Diario El Universo de Ecuador el 3 de Julio, 2020.

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/07/03/nota/7892709/deuda-eterna

Una apuesta arriesgada y fallida sacrificó la liquidez del Ecuador

Por Luis Fierro Carrión (*)

En 2018, el Gobierno efectuó dos apuestas arriesgadas, una fue el crédito con Goldman Sachs International por $ 500 millones y la otra con Credit Suisse. Los resultados no fueron los mejores.

La justificación para las operaciones de 2018 era conseguir una tasa de interés anual de 6,5%, más baja de la que prevalecía en el mercado financiero en ese momento para el Ecuador, cercana al 10%. Sin embargo, no está claro cuánto se terminó pagando en intereses, comisiones y penalidades por las “llamadas de margen” y el pago anticipado de las operaciones. Es probable que haya sido más que 6% anual en los menos de dos años que estuvieron vigentes.

El problema de fondo es la escasa transparencia que persiste en el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la deuda externa y a estas otras operaciones financieras, lo cual es herencia del gobierno de Correa, pero se ha mantenido en el actual.

“El fracaso en alcanzar un acuerdo consistente con la sostenibilidad de la deuda con los acreedores hasta mediados de agosto (cuando expira la suspensión del servicio de la deuda con los acreedores externos del sector privado)”, así como la falta de una adecuada contribución por parte de los acreedores bilaterales dejarían al país en condiciones muy vulnerables por un largo período, dice el FMI

(*) Mas en la Revista Gestión: 

https://revistagestion.ec/index.php/economia-y-finanzas-analisis/una-apuesta-arriesgada-y-fallida-sacrifico-la-liquidez-nacional

Fuente: FMI

Ya en 

Los desaparecidos "fonditos" nacionales hubieran amortiguado la crisis en #Ecuador

Para combatir la crisis, el gobierno de Noruega liquidó 3% de su fondo de inversión soberano. Esta sería una realidad soñada para Ecuador, que en los últimos años vio eliminar estos Fondos de Ahorro

Conoce más en mi artículo en Revista "Gestion"::

https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/los-desaparecidos-ahorros-nacionales-hubieran-amortiguado-la-crisis

Cuarentena, muerte y reactivación

Mi columna publicada en el Diario "El Universo" el 11 de mayo, 2020:

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/05/11/nota/7837575/cuarentena-muerte-reactivacion

Por Luis Fierro Carrión 

Hay una similitud etimológica entre las palabras ‘cuarentena’ y ‘cuaresma’.

Para los cristianos, la cuaresma es un periodo de 40 días de penitencia, reflexión, ayuno y abstinencia, entre el Miércoles de Ceniza y el Jueves Santo.

Los judíos conmemoran la Pascua, que fue la liberación de la esclavitud en Egipto y la supervivencia de las 10 plagas, incluyendo la muerte de los primogénitos, de la cual se salvaron los judíos al colocar sangre de cordero en sus umbrales, para indicar su fe. En el cristianismo, se cree en la muerte y resurrección de Jesús.

Estas ceremonias están vinculadas a prácticas paganas sobre la muerte y el reflorecimiento de la vida, reflejando el paso del invierno a la primavera (los huevos de Pascua y conejos reflejan este énfasis en la fecundidad)

La cuarentena se refiere al aislamiento de 40 días de personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia del siglo XIV (la peor pandemia en la historia, en términos de porcentaje de la población que murió).

En 2020, se ha puesto en vigencia una cuarentena forzada de la población en muchos países del mundo, comenzando por China. En el caso del Ecuador, estas medidas fueron tomadas a partir del 12 de marzo, con la suspensión de clases, eventos masivos y restricción de vuelos; y un toque de queda a partir del 17 de marzo. Ya hemos tenido más de 40 días de estas restricciones (a partir del 4 de mayo, se estableció un sistema de ‘semáforos’ por cantones, pero todos se mantuvieron en ‘rojo’) [el 11 de mayo se anuncio que 3 cantones se moverian a "semaforo amarillo": Daule y dos cantones en Morona Santiago].

Pese a las restricciones hubo un gran número de muertes en exceso, la mayoría de las cuales pueden atribuirse al COVID-19 (quizás una fracción a personas con otras enfermedades o accidentes que no tuvieron acceso a hospitales). Entre enero y abril, en la provincia de Guayas hubo 10 655 muertos por encima del promedio en el mismo periodo de 2018-2019. La siguiente fue Santa Elena, con 613 muertos en exceso; Manabí 385; Pichincha 308; y El Oro 146. En las demás provincias, el número de fallecidos se redujo, probablemente por menos muertes por accidentes y homicidios (por lo cual también es posible que la cifra atribuible a COVID-19 exceda 12 000).

Considerando una tasa de letalidad entre el 1 y el 2 %, esto significaría que ya ha habido en el Ecuador más de 600 000 casos de COVID-19 (aun con una tasa de letalidad alta del 3 %, tomando en cuenta la pobre infraestructura de salud, tendríamos más de 400 000 casos). Considerando que hasta el 6 de mayo solo se habían tomado 81 000 pruebas, las cifras oficiales de casos y muertes tienen escaso significado.

El impacto económico de la cuarentena será fuerte. De acuerdo con la Econ. María de la Paz Vela en un seminario organizado por la consultora Multiplica y la revista Gestión, el PIB del Ecuador podría caer en 7 % (yo estimo entre 11 y 15 %). El empleo adecuado caerá del 38,8 % al 35,4 %, mientras que el desempleo abierto pasaría del 3,8 % al 9 %. La tasa de pobreza, que ya había subido del 22 % en 2017 a 25 % en diciembre, ahora aumentaría al 35 % (revirtiendo una década de progreso).

Los ingresos fiscales caerían en $7000 millones; el déficit se triplicaría a $8652 millones; los requerimientos de financiamiento alcanzarían $17 000 millones. Esto hace ineludible un proceso para renegociar la deuda externa (con acreedores privados y bilaterales); y extender los plazos de deuda pública interna. El Gobierno ha propuesto una ‘Ley Humanitaria’ para recaudar fondos de las personas con mayores ingresos, y de las empresas con utilidades de más de $1 millón, pero su destino en la Asamblea luce incierto.

Las exportaciones caerían en 26 %, pero las importaciones solo se reducirían en 13 %. Las remesas de emigrantes caerían en 9 %. Se estima una reducción de la reserva en $1045 millones.

El FMI aprobó un préstamo de financiamiento rápido por $663 millones; el BID ha aprobado $700 millones, y se espera $500 millones del Banco Mundial [mas una donación de $6 millones] y $300 millones de la CAF [luego se anuncio $400 millones]. No se ha cristalizado un préstamo chino anunciado.

Se requerirán recursos para la reactivación económica. Se ha propuesto la creación de un fondo de garantía para préstamos de la banca a las PYMES, con recursos de BID Invest, IFC, CAF, BEI y otras entidades financieras multilaterales y bilaterales.

Una reactivación gradual requiere dar paso a las ventas por internet, la entrega a domicilio o para recoger en la puerta de locales comerciales; y la entrega a domicilio de alimentos y comida preparada.

(Versión traducida al ingles: https://economicsandinvestment.blogspot.com/2020/05/quarantine-death-and-reactivation.html).

Propuestas ante la Emergencia Sanitaria y Crisis Económica en el Ecuador

Luis Fierro Carrión

El Ecuador vive una crisis sanitaria y económica sin precedentes. La pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente al país, y lo seguirá haciendo mientras no se adopten estrictas medidas de distanciamiento social. El impacto sobre la economía mundial y nacional también será significativo, tanto por la caída de los precios del petróleo y otros productos de exportación, como por los efectos de la paralización de la producción y el consumo internos.

            Frente a ello, es necesario que los sectores políticos y sociales del país se unan en un Gran Acuerdo Nacional, para enfrentar a esta situación, que es similar a una economía de guerra.

     1.       Apoyar las medidas adoptadas por el COE del gobierno nacional con respecto a la necesidad de observar el distanciamiento social, saliendo únicamente en casos imprescindibles para comprar productos de primera necesidad y medicamentos (excepto, claro, los trabajadores del sector de la salud, el sector agropecuario, los vendedores de tiendas, supermercados y farmacias, los empleados de instituciones financieras, y otros empleados de sectores estratégicos como petróleo, electricidad, agua potable, etc.).

     2.       Permitir el ingreso de ciudadanos y residentes ecuatorianos que se encuentren en el exterior, así como la salida de extranjeros que se encuentran en el país y deseen regresar a sus países de origen. Esto debe enfocarse únicamente en los viajes humanitarios que sean imprescindibles.

      3.  Es urgente invertir en mejorar la capacidad de la salud pública, incluyendo especialmente el número de camas hospitalarias, el número de camas en unidades de cuidados intensivos, ventiladores y respiradores. Es urgente ampliar la infraestructura hospitalaria del país.

      4.   Es urgente, así mismo, aumentar el número de pruebas para detectar la presencia de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Solo expandiendo el número de pruebas será posible: a) saber la extensión del problema; b) aislar a los contagiados; c) establecer un cerco epidemiológico de las personas que han estado en contacto con los infectados.

      5.    Es vital proveer a los hospitales y centros de salud de mascarillas, guantes, y otros materiales de bio-protección. Si se enferman los médicos, enfermeros y otros trabajadores de salud, el problema se volverá mucho más grave.

     6. El precio del petróleo crudo ha caído a la tercera parte de la que estaba a inicios de enero. Los precios de otros productos de exportación también han caído. Esto mermará las exportaciones y los ingresos fiscales del país.

     7.  El distanciamiento social obligatorio tendrá, ineludiblemente, un impacto adverso sobre la economía, al reducirse tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Sufrirán en particular algunos sectores de servicios (turismo, hoteles, restaurantes, sector de entretenimiento, comercio de productos no-alimenticios, entre otros).

       8.  Dado que solo el 40 % de la población económicamente activa tenía empleo adecuado antes de esta crisis, se puede prever que el nivel de desempleo aumentará rápidamente. Muchos trabajadores del sector informal perderán sus fuentes de ingresos. Esto puede derivar en una crisis humanitaria de proporciones y urgente.

       9.    Están en camino algunas iniciativas públicas y privadas para proveer de alimentos y productos de primera necesidad. Hay iniciativas de cadenas de supermercados, ONGs, instituciones religiosas, entre otras. El MIES junto con las cadenas de supermercados ha creado el sitio www.darunamanoecuador.com para donaciones. Es urgente que el gobierno establezca un Fondo Solidario para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

      10.  También se debe aumentar tanto el monto como la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, para que llegue al menos al 40 % de la población de menores ingresos.

       11.  Para financiar estas medidas urgentes (sanitarias y de protección social), se requieren recursos. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Correa dejó al país sin reservas (las reservas internacionales netas eran negativas al final de su mandato), sin fondos de ahorro o inversión (desbarató los fondos existentes), y altamente endeudado (cerca de $60 mil millones de deuda pública, entre deuda externa, interna y otras obligaciones pendientes de pago).

        12.   Ante la caída del precio del petróleo, se ha disparado el “riesgo país” o la tasa de interés a la cual el Ecuador podría acceder a recursos del mercado financiero internacional.

       13.   Por ende, se deben buscar otras fuentes de recursos para enfrentar la emergencia.

       14.   El gobierno debe solicitar recursos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BID, la CAF, y otros bancos y agencias de desarrollo multilaterales y bilaterales. Se han constituido también fondos fiduciarios en Naciones Unidas.

      15. Es imperativo renegociar los préstamos bilaterales, en particular con China (tasas más bajas, plazos más extensos).

     16.  No se debe declarar una moratoria unilateral de los bonos, lo cual únicamente causaría un aumento mayor del “riesgo país” y un cierre del acceso a recursos.  Pero si se puede explorar, con el apoyo del FMI, una reestructuración amigable, integral y concertada de la deuda externa.

     17.  Aprovechando que los precios de los combustibles fósiles están bajos, se deben eliminar los subsidios a los mismos.  Se puede paliar el impacto de tal medida (que será menor, dados los bajos precios) con el aumento del Bono de Desarrollo Humano, y quizás mediante un subsidio directo al transporte público (urbano e interprovincial).

      18.  Acelerar la negociación de tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales con los cuales todavía no los tenemos (Estados Unidos, Alianza del Pacifico, etc.).

     19.  Reducir la nómina del sector público. La forma más expedita sería mediante una contribución especial del 20 % de los sueldos y salarios de todo el sector público (no solo el Ejecutivo) mientras dure esta crisis. Se debe continuar con políticas de austeridad, tales como la eliminación de ministerios, secretarías y agencias innecesarias, así como la venta, concesión o cierre de empresas públicas que generen pérdidas acumuladas.

       20.  Establecer un impuesto temporal al patrimonio del 1 %, que se aplique a los patrimonios de más de $100.000.

       21. Buscar mecanismos flexibles y adaptados a cada caso para frenar la perdida de empleo, y permitir la recuperación del empleo una vez se vaya aliviando la crisis sanitaria. Por ejemplo, permitir la contratación por horas, a tiempo parcial; mayor periodo de prueba inicial, entre otros.

      22.   Permitir a los bancos y cooperativas (públicos y privados) extender periodos de gracia para los préstamos sin cobrar intereses de mora ni reportar a la central de créditos.

     23. Establecer un fondo de compensación temporal entre importadores y exportadores privados, mediante un recargo temporal a las importaciones del sector privado de bienes de consumo (no bienes intermedios o de capital que se usen en la producción); con una compensación de la misma magnitud a los exportadores no-minerales del sector privado. Al ser un mecanismo del sector privado, no requeriría recursos públicos (esta propuesta, entre otras, se deriva de la presentada por un grupo de 11 economistas).

https://www.elcomercio.com/actualidad/economistas-propuesta-medidas-economicas-coronavirus.html

       24. Renegociar los contratos con empresas petroleras privadas establecidos por el gobierno de Correa, que garantizaban un precio de hasta $42 por barril de petróleo.

       25. Acelerar la concesión o venta de empresas estatales, en particular de medios de comunicación. empresa de telecomunicaciones y bancos incautados.


     PD: Por la tarde del 23 de marzo, el Ministro de Finanzas anunció:

- pago del saldo del capital del Bono 2020 ($325 millones)

- suspensión de pago por 30 días de los intereses de los bonos restantes.

- renegociación de deuda con acreedores privados y bilaterales 

- acceso a financiamiento rápido del FMI para enfrentar el coronavirus por $500 millones 

- $100 millones para emergencia sanitaria de la CAF, BID y Banco Mundial 

- desembolsos previstos de multilaterales por otros $500 millones 

- Nuevo préstamo bilateral (se entiende que chino) por $1.400 millones.

Sitio www.darunamanoecuador.com para donaciones

Ni desdolarización ni prosperidad – programa de ajuste del Ecuador con el FMI

Ni desdolarización ni prosperidad 

Programa de Ajuste del Ecuador con el FMI

Por Luis Fierro Carrión (*)

            Hace unos días, el Econ. Pablo Dávalos, quien fuera viceministro de Economía de Rafael Correa, y más recientemente candidato a Alcalde de Quito por el movimiento Pachakutik (obtuvo el 1 %), alarmó a la ciudadanía afirmando que la “Carta de Intención” suscrita por las autoridades ecuatorianas en el contexto del programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevaría a la desdolarización del Ecuador, amén de inducir a la crisis, provocar el desempleo, aumentar la pobreza, concentrar el ingreso, desmantelar al Estado, afectar derechos fundamentales y crear un conflicto social (http://www.iela.ufsc.br/noticia/el-ecuador-y-el-fmi).

            Por su parte, el gobierno ha presentado el programa económico como un “plan para la prosperidad”, carente de dolor, y que, por el contrario, generaría empleo, reduciría la pobreza, impulsaría el crecimiento sostenido, fortalecería la dolarización y más maravillas.  Según un artículo publicado por el propio FMI, en base a una entrevista a la economista Anna Ivanova, “Ecuador ha formulado un nuevo plan económico que tiene por objeto colocar la deuda en una firme trayectoria descendente, generar empleo, proteger a los pobres y a los grupos más vulnerables y apuntalar la lucha contra la corrupción.” (https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/20/NA032119-Ecuador-New-Economic-Plan-Explained).

            La verdad se encuentre entre estos dos extremos retóricos. Ni vamos a alcanzar el paraíso, ni vamos a descender al infierno.

            Debemos comenzar reconociendo que se trata de un programa de ajuste económico, tras una década de despilfarro, corrupción, excesivo gasto público y elevado endeudamiento.

            Según el economista Eduardo Valencia, durante la década de gobierno de Rafael Correa y Alianza PAIS, el Estado recibió ingresos por encima de los 300.000 millones de dólares.  Adicionalmente, la deuda pública (interna y externa), que había descendido a 17.5 % del PIB en 2012, casi se triplicó a 45.4 % del PIB en 2017 (superando los límites legales, aunque el gobierno de Correa ni siquiera se molestó en pedir a la Asamblea autorización para exceder dicho limite).  Los créditos contratados, incluyendo créditos de anticipo de venta petrolera a China (ilegales e inconstitucionales) y la emisión de bonos, tenían elevadas tasas de interés, y plazos relativamente cortos.

            Pese a esta abundancia de recursos, el déficit fiscal aumentó significativamente en los últimos años del gobierno de Correa, alcanzando 8.2 % del PIB en 2016. El déficit primario no-petrolero se redujo a 5.3 % del PIB en 2018, gracias en parte a la amnistía de los intereses y multas de deudas tributarias, que generó ingresos por 1 % del PIB.

            Esta situación, de alto endeudamiento, a altas tasas de interés, con elevados déficits fiscales, y reducidas reservas internacionales, fue la supuesta “mesa servida” que heredó Lenin Moreno. El problema se agravó aún más cuando Moreno persistió en la política de endeudamiento y déficit, con la selección de Ministros ligados al régimen anterior (Carlos de la Torre y María Elsa Viteri), hasta que finalmente nombró al Ministro Richard Martínez en mayo 2018, quien comenzó a tratar de desfacer el entuerto.

            De manera que el programa económico del gobierno con el FMI es, principalmente, un programa de ajuste, tras 11 años de derroche.  Esto significa que, pese a que se lo presente como indoloro, necesariamente tendrá un efecto contractivo, al menos a corto plazo.

            Se trata de aumentar los ingresos del fisco, reducir el gasto público, mejorar el perfil de la deuda externa (con tasas más bajas y plazos más extensos), y adoptar ciertas reformas estructurales que busquen atraer la inversión y, por ende, generar empleo (principalmente en el sector privado).

            Ha llamado un poco la atención que se presente dicho programa de ajuste sin admitir que en el corto plazo tendrá efectos contractivos, y, evidentemente, al reducir el empleo en el sector público, podría aumentar el desempleo a corto plazo.  Y se lo presentó en medio de la campaña electoral para las autoridades seccionales, quizás aprovechando el hecho – curioso en si – que el movimiento Alianza PAIS no tenía candidatos a Alcalde en las principales ciudades del país (aunque, en la práctica, apoyaba a ciertos candidatos, como Paco Moncayo en Quito, Jimmy Jairala en Guayaquil o Pedro Palacios en Cuenca, de los cuales solo ganó Palacios).

Programa Económico 

            En qué consiste el programa económico, y cuáles serán sus probables efectos (a corto y largo plazo):

·         Reducir el empleo público. Esto era imprescindible, dado el aumento insostenible alcanzado en la década anterior. El gobierno buscará proteger sobre todo el empleo en los servicios sociales (educación, salud). A corto plazo, aumentará el desempleo; a largo plazo, al promover la sostenibilidad fiscal, permitirá un crecimiento más sostenido y mayor empleo en el sector privado.

·         Reducir los sueldos en el sector público: otra medida imprescindible; los sueldos en mandos medios del aparato del gobierno habían superado aquellos de países de la OCDE como España o Portugal; y actualmente en promedio los sueldos del sector público son más que el doble que el promedio del sector privado. Esto se hizo con el fin de promover el clientelismo político, aunque – mediante la extendida practica de cobrar “diezmos” – también alimentaba las cuentas de Alianza PAIS y sus partidos aliados (y posiblemente las cuentas personales de algunos altos funcionarios, como se ha denunciado en casos como el de la ex – vicepresidenta Vicuña).

·         Continuar con la reducción de los subsidios a los combustibles, una medida que ya se inició en las postrimerías del gobierno de Correa, y que en todo caso es muy necesaria en el contexto de enfrentar el cambio climático (en lugar de subsidios, se deberían establecer impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero). Se ofrece mantener subsidios focalizados, lo cual podría generar distorsiones, fugas y contrabando, por lo cual sería preferible aumentar el Bono de Desarrollo Humano para compensar cualquier reducción de dichos subsidios (recuérdese que dicho bono fue establecido originalmente en el gobierno de Mahuad para compensar por el alza del precio del gas de uso doméstico).

·         Una reforma del sistema tributario.  No se ha dado mayores detalles al respecto.  Se asume que se aumentará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un impuesto regresivo, lo cual sería un error y tendría efectos contractivos.  Sería preferible aumentar los impuestos directos y progresivos, tales como el impuesto a la renta, e impuestos sobre la propiedad; aunque el informe del FMI sugiere que habrá una tendencia de pasar de impuestos directos a indirectos, aunque se afirma, incongruentemente, que esto aumentará la equidad del sistema tributario (página 14, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/20/Ecuador-Staff-Report-for-the-2019-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-46682).

·         Se reducirá o eliminará el “impuesto a la salida de divisas” cuando mejore la situación fiscal, lo cual llevó al Econ. Dávalos a afirmar que era una medida de “liberalización de la balanza de pagos” y que por ende podría derivar en la desdolarización.  Esto, en mi opinión, es un sinsentido.  La dolarización funcionó muy bien hasta el 2008, cuando Correa creó dicho impuesto.  Pese a su nombre, en realidad funciona como un desincentivo al INGRESO de divisas, dado que los potenciales inversionistas saben que tendrán que pagar este oneroso impuesto al repatriar sus utilidades o incluso importar ciertos bienes y servicios.

·         Establecer un mejor sistema para fijar prioridades en el gasto e inversión públicos, lo cual sin duda sería beneficioso (Correa eliminó mecanismos que existían previamente tanto para autorizar inversiones públicas como para contratar deuda pública).

·         Fortalecer la autonomía y la capacidad del Banco Central del Ecuador por ejercer una función de supervisión de la estabilidad financiera. Fue lamentable como se desinstitucionalizó y eliminó la autonomía de una entidad tan importante para la estabilidad financiera nacional.

·         Reforma del mercado laboral: al igual que el “impuesto a la salida de divisas” en realidad genera desincentivos para el ingreso de divisas, las regulaciones excesivas para el despido de trabajadores generan desincentivos para la contratación de empleados. Las normas legales y hasta constitucionales que se establecieron bajo el gobierno de Correa generaron una excesiva rigidez en el mercado laboral, que llevó, por ejemplo, a que muchos empleados domésticos perdieran el empleo. Aquí, no obstante, hay que tener también un justo equilibrio, entre la flexibilización extrema que deje en la desprotección a los trabajadores, y un sistema demasiado rígido que desincentive la contratación laboral. Medidas como extender el periodo de prueba, generar contratos más flexibles para el primer empleo y permitir la contratación a tiempo parcial, podrían fomentar la generación de empleo.

·         Se mencionan mejoras en el sistema de pensiones de personas de la tercera edad de bajos ingresos que no hayan contribuido al IESS, así como programas para apoyar a los discapacitados.  Se menciona un aumento de los beneficios nominales del Bono de Desarrollo Humano, y medidas para mejorar la focalización de los programas sociales.  El informe es muy escueto en cuanto a presentar las cifras del IESS, que, de lo que se sabe, son calamitosas.

·         Se proponen esfuerzos para aumentar la transparencia y combatir la corrupción.  Esto es urgente, en el contexto de que se estima que durante la década de Correa se habría perdido 40 mil millones a la corrupción, y otros 30 mil millones en despilfarro e ineficiencia del gasto (https://www.lahora.com.ec/noticia/1102190758/70-mil-millones-en-perdidas-por-corrupcion-en-gasto-publico-durante-el-correismo-). En otras palabras, el mal uso de los recursos públicos habría afectado a más del 20 % de los ingresos fiscales en dicha década. Es como que nos hubiésemos vuelto inmunes a estas cifras escandalosas, cuando un articulo de El Universo sobre los mas grandes casos de corrupción en los gobiernos entre 1979 y 2002 indicaban que estos fluctuaban entre $800.000 y $14 millones en cada gobierno – ¡ahora tenemos que la corrupción se habría multiplicado por 2,857 veces!  Es por eso por lo que ahora tenemos que ajustar – ¡la deuda pública de 50 mil millones ni siquiera alcanza para cubrir dichas pérdidas!  Las políticas propuestas incluyen aumentar la transparencia fiscal y las practicas de adquisiciones, incluyendo en el sector petrolero y la inversión en infraestructura pública; adoptar estándares internacionales para reportar la deuda pública; preparar legislación para prevenir y penalizar la corrupción; publicar los estados financieros del Banco Central y de las empresas petroleras públicas: y fortalecer el marco para evitar el lavado de dinero. También se buscará participar en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por su sigla en inglés). Todas medidas muy necesarias, y a las cuales espero no se opongan el economista Dávalos y sus “economistas heterodoxos”.

·         Ya se ha avanzado en autorizar la publicación de los informes del Articulo IV del FMI del 2016 y 2019, práctica de transparencia que únicamente se había alcanzado en 2006 cuando era Ministro Diego Borja (y yo era el representante del Ecuador ante el Directorio del FMI).

·         Promover asociaciones público-privadas, y concesiones al sector privado, lo cual podría fomentar un aumento de la productividad, permitir la inversión en infraestructura sin requerir recursos públicos, y reducir costos.

Con estas medidas, se espera reducir el déficit primario no-petrolero en 5 puntos del PIB (alcanzando el equilibrio fiscal), y con ello comenzar a reducir la deuda pública, volviendo a estar por debajo del límite legal del 40 % del PIB en el 2023.

Dado que el salario mínimo ha aumentado muy por encima de los niveles de productividad, se espera que, con tasas de aumento nominal de los salarios moderadas, y tasas de inflación igualmente moderadas, se pueda reducir la sobrevaluación del tipo de cambio efectivo real, que ha vuelto al Ecuador poco competitivo.

Posibles riesgos

Entre los riesgos, se mencionan:

·         la posibilidad de que el precio del petróleo baje y se mantenga bajo (aunque en las ultimas semanas mas bien ha subido, dada la inestabilidad en Libia, la caída de la producción en Venezuela, y la imposición de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos).

·         Un aumento del tipo de cambio del dólar de EE. UU. frente a otras monedas, lo cual aumentaría la sobrevaluación del tipo de cambio efectivo real, disminuirá la competitividad y afectaría la balanza de pagos.

·         Oposición política y social a las reformas fiscales, la reducción de los subsidios a los combustibles, la reducción de la nomina de los empleados públicos y las reformas laborales.

Todo ello derivaría en la necesidad de un mayor ajuste, con la posibilidad de una mayor reducción del empleo público, aumento de impuestos y contracción económica.

El programa del FMI contempla un crédito de Servicio Ampliado de tres anos por el equivalente a $4.209 millones, mediante desembolsos trimestrales sujetos a la revisión del desempeño por parte del Directorio del FMI. El programa con el FMI también permitiría la concesión de prestamos de reforma de políticas por parte del Banco Mundial y el BID, así como créditos adicionales por parte de estas instituciones, la CAF, el FLAR, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para un total previsto de $10.2 mil millones en el periodo 2019-21.

Proyecciones económicas 

Las proyecciones del FMI no son demasiado alentadoras, y desmienten la noción de que estaremos alcanzando la prosperidad pronto:

       ·         Se prevé que el PIB se contraerá en 0.5 % en 2019, y seguirá cayendo en términos per cápita hasta el 2020, para luego recuperar un crecimiento moderado a partir del 2022.

       ·         La tasa de desempleo, que habría bajado a 3.7 % en 2018, subiría a 4.8 % en 2021, para luego comenzar a bajar nuevamente. No obstante, la tasa de 4.8 % es menor a la que se había alcanzado en 2016, bajo Correa (5.2 %)

       ·         El déficit primario no petrolero (pero incluyendo los subsidios a los combustibles) bajaría de – 5.3 % en 2018 a -0.3 % en 2021 y 2022.

       ·         La deuda publica total llegaría a un máximo de 49.2 % del PIB en 2019, pero bajaría a 36.6 % del PIB en el 2023.  En términos nominales, la deuda publica alcanzara un máximo de $52.293 millones en 2019 a $43.383 millones en 2023.

       ·         La cuenta corriente de la balanza de pagos pasaría de un déficit de -0.7 % en 2018, a superávits a partir del 2019, alcanzando un superávit de 1.7 % del PIB en el 2023.

·         Se espera que la inversión extranjera directa aumente de $618 millones en 2017 a $1.656 millones en el 2023.

       ·         La inversión pública bajaría sustancialmente, de 14.8 % del PIB en 2014, a 6.4 % en 2021.  No obstante, la inversión privada, que había caído a apenas 13.6 % del PIB en 2014 (menos que la inversión pública), se estima alcanzará el 20.1 % en 2021, con lo cual la inversión total se mantendrá en un rango de 25-27 % del PIB entre 2019 y 2023. 

       ·         El PIB per cápita, que había alcanzado $6.347 en 2014, pero bajó a $6.046 en 2016, subirá gradualmente de $6.155 en 2019 a $6.490 en 2023.

En su carta, el Director por Brasil y Ecuador, Alexandre Tombini, y el Asesor Senior por el Ecuador, Francisco Rivadeneira, indican que “Consideran que las proyecciones del PIB a corto y mediano plazo del personal [del FMI] son muy conservadoras. Están de acuerdo en que su esfuerzo de consolidación fiscal puede ser contractivo, pero este impacto será compensado por la mejora general de la confianza empresarial y de los consumidores, mejores expectativas sobre la evolución económica futura, reducción de los costos de financiamiento público y privado, y aumento de la liquidez y el crédito bancario derivados de la eliminación de la brecha de financiamiento externo para los próximos tres años”.

En definitiva, la senda del crecimiento sostenido se puede recuperar si se eliminan los desincentivos para la inversión privada en el Ecuador, lo cual requiere reformas constitucionales, legales y regulatorias.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF) indica que la posición relativa del Ecuador se encuentra por detrás de las 6 principales economías de América Latina, y detrás del 70 % de los 138 países cubiertos por dicho índice.  En cuando al Índice de Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial, el Ecuador se encuentra por detrás del 60 % de los 190 países cubiertos por el índice.  Las principales debilidades del Ecuador son: la dificultad en crear una nueva empresa, y en resolver bancarrotas.  De igual manera, la disponibilidad de crédito para empresas es menor a la de los 6 principales países de ALC.

Además de los tratados comerciales recientes con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), existen negociaciones en curso para sumarse a la Alianza del Pacifico y continuar la negociación de un TLC con los Estados Unidos, así como para unirse a la OCDE. Todo ello podría favorecer la productividad y competitividad.

Al mejorar la posición externa del Ecuador, reducir la deuda externa, aumentar las reservas, y mejorar la gestión del Banco Central, la dolarización de la economía se fortalecerá, sin duda. Pero al mantener un ingreso per cápita esencialmente estancado hasta el 2023, tampoco se alcanzará una gran prosperidad a corto o mediano plazo.  Se reestablecerán los equilibrios económicos, se mejorará la sostenibilidad de la deuda pública, y se sentarán algunas bases que permitan a largo plazo un crecimiento sostenido del ingreso y el empleo.

           

(*) Economista de la PUCE, posgrados de la Universidad de Oregón y la Universidad de Texas en Austin. Fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 1997 a 2013, y representante del Ecuador en el Directorio del FMI en 2006. Estas son mis opiniones personales, que no reflejan las de institución alguna.

Una versión editada de este articulo fue publicada el 17 de abril por la Revista Gestión:

https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/ni-desdolarizacion-ni-prosperidad-programa-de-ajuste-del-ecuador-con


La década perdida se inicio en 2014, bajo Correa; pero seguirá al menos hasta el 2022.