Por
Luis Fierro Carrión (*)
El
Ecuador nació endeudado. Al
independizarse la República del Ecuador, se llegó a un acuerdo mediante el cual
el naciente Estado asumiría el 21,5 % de la deuda de la “Gran Colombia”,
equivalente a 1’424.579 libras esterlinas.
La
distribución de esta deuda se realizó en una reunión convocada en Bogotá, a la
cual no asistió el delegado ecuatoriano. La división se hizo en base a la
población, pero no tomó en cuenta en dónde estaban los activos (principalmente
armamento) adquiridos con esa deuda. “Salvo la vieja fragata Colombia, que
casualmente se encontraba en aguas ecuatorianas, y 16 mil pesos, el Ecuador no
recibió ningún otro bien material como saldo de las compras realizadas con los
empréstitos conseguidos para las luchas de la Independencia (Alberto Acosta
Espinosa, “La Deuda Eterna”, 1990, p. 64).
La
República empezó a andar con las dificultades de un niño que llevaba “un
quintal de plomo sobre las espaldas”, al decir de Agustín Moreno (citado por
Acosta).
A
partir de 1830, se sucedieron moratorias en el pago de la deuda externa,
renegociaciones, propuestas de arreglos, etc.
Ecuador empata con España, Venezuela y Argentina como los países que más
moratorias de deuda externa han tenido (una docena en cada caso).
El
libro de Acosta narra la historia de la deuda externa ecuatoriana hasta 1990,
con su secuencia de “defaults”, negociaciones, propuestas. En algunas ocasiones
se ofreció pagar la deuda con “tierras baldías” en la Amazonía o Esmeraldas,
con las Islas Galápagos, con participaciones en los ingresos de la aduana,
rentas de minas y otros tributos. El empeño
de entregar “tierras baldías” en la Amazonía suscitó incluso conflictos
militares con el Perú, que reclamaba la soberanía sobre dichos territorios.
Así, por ejemplo, en 1859 se firmó bajo ocupación el Tratado de Mapasingue, que
anulaba la entrega de territorios a los tenedores de bonos.
Ya
en 1855 se jugaba con la compra de los bonos en el mercado secundario: se podía
comprar al 4 por ciento del valor nominal, y, tras algunos arreglos de pago, el
precio subía al 16 %. Luego de la Revolución Liberal, se canjearon los bonos de
la “deuda inglesa” por nuevos bonos para financiar la construcción del
ferrocarril de Guayaquil a Quito. Conforme avanzaba la “recompra” de los bonos
de la independencia, su precio subía, hasta llegar a 45 %.
La
“deuda inglesa” de la independencia recién sería cancelada en 1976, en medio
del boom petrolero.
El “boom petrolero” de los años setenta fue la primera
oportunidad de eliminar la deuda externa del país. Noruega, por ejemplo, que
desarrolló los campos petroleros del Mar del Norte, no solo que no se endeudó,
sino que acumuló a partir de 1990 un fondo de inversión soberano que para el
2020 había alcanzado un valor de 1’186.000 millones de dólares en activos.
Pero
el Ecuador, cuya deuda externa se había reducido a apenas $241 millones en 1970
(15 % del PIB), comenzó a endeudarse agresivamente, en parte para financiar
obras de infraestructura como represas hidroeléctricas, y en parte por gasto
militar, llegando a $10.283 millones en 1987 (5,3 veces las exportaciones, 109
% del PIB).
La
segunda oportunidad para eliminar la deuda se produjo durante el gobierno de
Correa, en los años 2007-2016, cuando los precios del petróleo subieron,
generando $95.581 millones de ingresos para el fisco. De hecho, en 2007, se
canceló el saldo de la deuda con el FMI.
Pero,
en lugar de cancelar la deuda y acumular fondos de ahorro e inversión; el
gobierno de Correa efectuó una moratoria, no por incapacidad de pago, sino para
manipular al mercado (tanto es así que se utilizaron más fondos para la
recompra de los bonos con descuento que lo que hubiese sido el servicio de la
deuda previsto ese año).
Al
caer los precios del petróleo a partir de 2014, en lugar de reducir el abultado
gasto público (44 % del PIB en 2014), el gobierno de Correa comenzó a
endeudarse agresivamente. Así, la deuda
externa pública pasó de $8 mil millones en 2009 (13,2 % del PIB) a $32 mil
millones en 2017 (32 % del PIB) y $40 mil millones en abril 2020 (37 % del PIB).
De este total, corresponde a los bonos $18.747 millones.
Ante
la pandemia de COVID-19, el colapso de las exportaciones y de los ingresos
fiscales, el gobierno solicitó a los tenedores de bonos una suspensión de los pagos
hasta el mes de agosto, con miras a una reestructuración. Está claro que el
Estado ecuatoriano no podrá seguir atendiendo el servicio de la deuda en los
términos previstos inicialmente. Se espera que se apruebe un período de gracia
(sin pagos de capital o intereses, quizás hasta diciembre); una reducción de
intereses; una extensión de los plazos (se podrían extender entre 5 y 7 años);
y posiblemente una reducción del monto de capital (una “quita” del principal
del 15 %).
El
banco de inversión Barclays, en un análisis del tema, indicaba que se podría
obtener una reducción del 46 % en el valor presente neto de los bonos,
combinando una reducción del capital, período de gracia, intereses más bajos
(que estima podrían subir de 0 % en 2020 a 6 % después de 2023), y plazos más
extensos. El mismo Fondo Monetario
Internacional ha indicado que los países en desarrollo requerirán un alivio de
la deuda como efecto de la grave recesión económica causada por la pandemia.
Pero
aun si se da una reestructuración adecuada, es probable que la deuda externa
continúe afectando la vida y la economía del país por generaciones (a menos que
en un futuro boom petrolero o minero se tomen medidas para crear un
fondo de ahorro e inversión).
(*)
Una versión resumida de este articulo fue publicada en el Diario El Universo de
Ecuador el 3 de Julio, 2020.
