La Deuda Eterna

Por Luis Fierro Carrión (*)

El Ecuador nació endeudado.  Al independizarse la República del Ecuador, se llegó a un acuerdo mediante el cual el naciente Estado asumiría el 21,5 % de la deuda de la “Gran Colombia”, equivalente a 1’424.579 libras esterlinas.

La distribución de esta deuda se realizó en una reunión convocada en Bogotá, a la cual no asistió el delegado ecuatoriano. La división se hizo en base a la población, pero no tomó en cuenta en dónde estaban los activos (principalmente armamento) adquiridos con esa deuda. “Salvo la vieja fragata Colombia, que casualmente se encontraba en aguas ecuatorianas, y 16 mil pesos, el Ecuador no recibió ningún otro bien material como saldo de las compras realizadas con los empréstitos conseguidos para las luchas de la Independencia (Alberto Acosta Espinosa, “La Deuda Eterna”, 1990, p. 64).

La República empezó a andar con las dificultades de un niño que llevaba “un quintal de plomo sobre las espaldas”, al decir de Agustín Moreno (citado por Acosta).

A partir de 1830, se sucedieron moratorias en el pago de la deuda externa, renegociaciones, propuestas de arreglos, etc.  Ecuador empata con España, Venezuela y Argentina como los países que más moratorias de deuda externa han tenido (una docena en cada caso).          

El libro de Acosta narra la historia de la deuda externa ecuatoriana hasta 1990, con su secuencia de “defaults”, negociaciones, propuestas. En algunas ocasiones se ofreció pagar la deuda con “tierras baldías” en la Amazonía o Esmeraldas, con las Islas Galápagos, con participaciones en los ingresos de la aduana, rentas de minas y otros tributos.  El empeño de entregar “tierras baldías” en la Amazonía suscitó incluso conflictos militares con el Perú, que reclamaba la soberanía sobre dichos territorios. Así, por ejemplo, en 1859 se firmó bajo ocupación el Tratado de Mapasingue, que anulaba la entrega de territorios a los tenedores de bonos.

Ya en 1855 se jugaba con la compra de los bonos en el mercado secundario: se podía comprar al 4 por ciento del valor nominal, y, tras algunos arreglos de pago, el precio subía al 16 %. Luego de la Revolución Liberal, se canjearon los bonos de la “deuda inglesa” por nuevos bonos para financiar la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito. Conforme avanzaba la “recompra” de los bonos de la independencia, su precio subía, hasta llegar a 45 %.

La “deuda inglesa” de la independencia recién sería cancelada en 1976, en medio del boom petrolero. 

El “boom petrolero” de los años setenta fue la primera oportunidad de eliminar la deuda externa del país. Noruega, por ejemplo, que desarrolló los campos petroleros del Mar del Norte, no solo que no se endeudó, sino que acumuló a partir de 1990 un fondo de inversión soberano que para el 2020 había alcanzado un valor de 1’186.000 millones de dólares en activos.

Pero el Ecuador, cuya deuda externa se había reducido a apenas $241 millones en 1970 (15 % del PIB), comenzó a endeudarse agresivamente, en parte para financiar obras de infraestructura como represas hidroeléctricas, y en parte por gasto militar, llegando a $10.283 millones en 1987 (5,3 veces las exportaciones, 109 % del PIB).

La segunda oportunidad para eliminar la deuda se produjo durante el gobierno de Correa, en los años 2007-2016, cuando los precios del petróleo subieron, generando $95.581 millones de ingresos para el fisco. De hecho, en 2007, se canceló el saldo de la deuda con el FMI.

Pero, en lugar de cancelar la deuda y acumular fondos de ahorro e inversión; el gobierno de Correa efectuó una moratoria, no por incapacidad de pago, sino para manipular al mercado (tanto es así que se utilizaron más fondos para la recompra de los bonos con descuento que lo que hubiese sido el servicio de la deuda previsto ese año).

Al caer los precios del petróleo a partir de 2014, en lugar de reducir el abultado gasto público (44 % del PIB en 2014), el gobierno de Correa comenzó a endeudarse agresivamente.  Así, la deuda externa pública pasó de $8 mil millones en 2009 (13,2 % del PIB) a $32 mil millones en 2017 (32 % del PIB) y $40 mil millones en abril 2020 (37 % del PIB). De este total, corresponde a los bonos $18.747 millones.

Ante la pandemia de COVID-19, el colapso de las exportaciones y de los ingresos fiscales, el gobierno solicitó a los tenedores de bonos una suspensión de los pagos hasta el mes de agosto, con miras a una reestructuración. Está claro que el Estado ecuatoriano no podrá seguir atendiendo el servicio de la deuda en los términos previstos inicialmente. Se espera que se apruebe un período de gracia (sin pagos de capital o intereses, quizás hasta diciembre); una reducción de intereses; una extensión de los plazos (se podrían extender entre 5 y 7 años); y posiblemente una reducción del monto de capital (una “quita” del principal del 15 %).

El banco de inversión Barclays, en un análisis del tema, indicaba que se podría obtener una reducción del 46 % en el valor presente neto de los bonos, combinando una reducción del capital, período de gracia, intereses más bajos (que estima podrían subir de 0 % en 2020 a 6 % después de 2023), y plazos más extensos.  El mismo Fondo Monetario Internacional ha indicado que los países en desarrollo requerirán un alivio de la deuda como efecto de la grave recesión económica causada por la pandemia.

Pero aun si se da una reestructuración adecuada, es probable que la deuda externa continúe afectando la vida y la economía del país por generaciones (a menos que en un futuro boom petrolero o minero se tomen medidas para crear un fondo de ahorro e inversión).

(*) Una versión resumida de este articulo fue publicada en el Diario El Universo de Ecuador el 3 de Julio, 2020.

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/07/03/nota/7892709/deuda-eterna