Por Luis Fierro Carrión (*)
Twitter: @Luis_Fierro_C
Los Estados Unidos de América (EE.UU.) se precian de haber nacido como
una república, en la cual sus líderes son electos democráticamente. No
obstante, cada vez más hay limitaciones y distorsiones al carácter democrático
de la nación (si por democracia entendemos la elección de los gobernantes por
una mayoría).
Para comenzar, como es bien sabido, al inicio únicamente podían votar
los hombres blancos (de descendencia europea) que tuvieran propiedades, lo cual
equivalía a un 6 % de la población. No podían votar las mujeres (salvo, en
algunos casos, viudas); ni personas de otras razas o etnias.
Gradualmente, el derecho al voto se fue extendiendo: a algunos negros, a personas de raza mixta,
y, eventualmente, en 1920, a las mujeres. Los indígenas (nativo americanos)
fueron considerados ciudadanos a partir de 1924, aunque hasta 1948 algunos
estados seguían excluyéndolos (por ejemplo, Dakota del Sur).
Pese a que los negros tenían el derecho a votar, en muchos estados del
Sur se continuó con ciertas costumbres que en la práctica los excluían (por
ejemplo, que pagasen un impuesto de capitación, que supieran leer, o incluso
que estimasen correctamente el número de pelotas en un jarro). Estas formas discriminar
fueron abolidas por la Ley del Derecho al Voto adoptada en 1965. En 2013, no
obstante, la Corte Suprema eliminó la obligatoriedad de observar la Sección 5
de la Ley, que imponía restricciones a los estados en los cuales anteriormente
se había discriminado; como consecuencia de lo cual, muchos estados controlados
por el Partido Republicano han comenzado a introducir restricciones nuevamente.
A la fecha, los más de 714.000 ciudadanos que viven en Washington,
Distrito de Columbia, no pueden votar para miembros del Congreso; y los 3
millones y medio de puertorriqueños, pese a ser ciudadanos de EE. UU., no
pueden votar ni por el Presidente ni por el Congreso.
Pero mas allá de a quiénes se les permite votar, hay otras normas que
conllevan resultados antidemocráticos.
Para comenzar, se asigna 2 senadores a cada Estado. De esta manera, California, con 40 millones
de personas, tiene la misma representación en el Senado que Wyoming, con
580.000.
A su vez, esto afecta al Colegio Electoral. Recuérdese que en EE.UU. no gana la
Presidencia el que tiene más votos, sino el que obtenga el mayor número de
electores del Colegio Electoral. El
Colegio Electoral está compuesto por la suma del número de Senadores y
Representantes. Así, Wyoming tiene 3 electores, mientras que California tiene 54
(18 veces el número de electores, pero 69 veces la población).
Este sesgo hacia estados de menor población y más rurales tiende a
favorecer al Partido Republicano. De los 14 estados con menor población (sobrerrepresentados
en el Colegio Electoral y el Senado), los Demócratas sólo dominan 4, mientras
que los Republicanos dominan 7 (y los otros tres son competitivos).
Esto significa que, al momento, los 50 senadores Demócratas representan
a 41,5 millones más personas que los 50 senadores Republicanos.
Hay una norma en el Senado, que no consta en la Constitución, que
requiere que para suspender el debate de una ley se requiere 60 de los 100 senadores
(60 %). Esta norma se llama el “filibuster”, palabra derivada del
filibusterismo o piratería, que entiendo que se remonta a “tomar el control” o
“piratear” el control del Senado. Esto resulta en una práctica aún más antidemocrática,
mediante la cual los 50 senadores Demócratas (con el voto dirimente de la Vicepresidenta
Harris), que de hecho representan a 41 millones de personas más que los
Republicanos, no pueden aprobar leyes (con ciertas excepciones).
En el caso de la Cámara de Representantes, que en teoría debería ser más
democrática, los Republicanos nuevamente han introducido distorsiones en la
asignación de escaños (el llamado “gerrymandering”), que resulta que en algunos
Estados en los cuales la votación es muy pareja (como Wisconsin, Pennsylvania,
Ohio, Texas o Carolina del Norte), cerca del 75 % de los escaños van a los
Republicanos, cuando debería ser cerca del 50 %.
La distorsión también se revela en el hecho de que los Demócratas han
ganado el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones (2 veces Clinton, 1 Al
Gore, 2 veces Obama, 1 Hillary Clinton y 1 Joe Biden). Desde 1992, los
Republicanos solo han ganado el voto popular en una ocasión, en 2004 con George
W. Bush.
No obstante, al momento hay 6 jueces de la Corte Suprema que fueron
nominados por presidentes Republicanos. En
marzo 2016 (ocho meses antes de las elecciones), el entonces Presidente Barack
Obama nominó a Merrick Garland para la Corte Suprema; pero el líder Republicano
del Senado, Mitch McConnell, se rehusó a dar paso a su confirmación, aduciendo
que se debía esperar a las elecciones (en las cuales él esperaba que gane un
Republicano).
No obstante, en 2020, cuando falleció Ruth Bader Ginsburg, el entonces
Presidente Trump logró nominar a Amy Coney Barrett para reemplazarle, faltando
apenas 38 días para las elecciones.
Como consecuencia, la Corte Suprema no refleja en absoluto la voluntad
de la mayoría de los votantes en los últimos 30 años; pese a lo cual, está
rompiendo precedentes que han estado vigentes por medio siglo, como el derecho
al aborto.
De esta manera, tenemos que los tres poderes del Estado tienen sesgos antidemocráticos.
(*) Versión más extensa de mi columna publicada el 17 de junio, 2022, en el Diario "El Universo".
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/limites-democraticos-en-ee-uu-nota/
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| Los votantes de Washington DC y Puerto Rico no pueden votar para el Congreso |
