¿Desdolarización buena?

Por Luis Fierro Carrión (*)

Twitter: @Luis_Fierro_Eco

El Econ. Andrés Arauz, hoy precandidato presidencial, publicó el 20 de abril pasado un artículo titulado “Desdolarización mala y desdolarización buena”, en su blog “Observatorio de la Dolarización”.

En la versión original, la segunda “desdolarización” no estaba entre comillas, y en el artículo se mencionaba que al nuevo sistema “se le podría apodar con un nombre, el de la nueva ‘moneda’”. El 26 de noviembre, al percatarse que el artículo había generado muchas críticas, primero bloqueó el acceso, y luego presentó una versión modificada, en la cual la supuesta “dolarización buena” aparecía entre comillas, y ya no aparecía la frase “nueva moneda”, sino la frase trunca “se le podría apodar con un nombre”.

A la par que se suscitaba el debate sobre el artículo del Econ. Arauz, el bloque correísta presentaba en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para crear una “Renta Básica Universal” (RBU), que se entregaría al menos a un millón de jefes de familia, por 400 unidades de la nueva “moneda electrónica”. Una propuesta casi idéntica aparece en la página 18 del plan de gobierno de Yaku Pérez: “dicha renta básica se podría pagar en dinero electrónico”.

La propuesta de RBU presentada por el correísmo iniciaría con 400 unidades de moneda electrónica, pero es previsible que en pocos meses su valor caería, por tratarse de una emisión inorgánica sin ningún respaldo ni financiamiento. Cabe mencionar que las cuasi-monedas emitidas en Argentina (“patacones” y otras), al final del período de convertibilidad, perdieron hasta el 35 % de su valor; mientras que el “petro” venezolano, una moneda digital creada por el régimen ha perdido el 85 % de su valor. Así, no es imposible que las 400 “monedas electrónicas” lleguen a representar menos de los $50 del actual bono de desarrollo humano.

Si el Estado usase dicha “moneda electrónica” para pagar sueldos a los empleados públicos, a los proveedores, etc., rápidamente se impondría un sistema bimonetario, en el cual la “moneda electrónica” perdería valor rápidamente frente a los dólares de EE.UU.; y podría producirse una desdolarización de facto, incautando cuentas bancarias, restringiendo el acceso a los dólares para importadores, etc.

El artículo de Arauz continúa proponiendo elevar el “impuesto a la salida de divisas” (ISD) al 27 %, mismo que se convertiría en un “cupo fijo” vendido por el Banco Central (quintuplicando el ISD actual, de 5 %).

Cabe mencionar que, si bien este impuesto se denomina “a la salida de divisas”, en la práctica se vuelve en un desincentivo para el ingreso de divisas por inversión, dado que los inversionistas saben que, para poder importar maquinaria, equipos, bienes intermedios e insumos, así como para poder extraer los dividendos ganados, tendrán que pagar esta tasa (del 5 % actual, o 27 % propuesto por Arauz).  A ello se añade que este “cupo limitado” sería “concedido” por el Estado, generando en los hechos un mercado cambiario múltiple, el mismo que ha derivado en grandes problemas (y gran corrupción) en los países que lo han aplicado, como Venezuela o Argentina.

Uno puede preguntarse por qué candidatos presidenciales en el Ecuador propondrían una “desdolarización” mediante la emisión de una “moneda electrónica”, considerando que la dolarización goza de una popularidad del 80-90 % de la población, lo cual es comprensible, dado que el dólar es una “moneda dura” que genera certidumbre, y permite realizar inversiones y solicitar préstamos a largo plazo.

La respuesta puede ser que la dolarización impone disciplina económica y fiscal.  Si caen las exportaciones, se deben restringir las importaciones.  Si se reducen los ingresos fiscales se debe restringir el gasto público. La única alternativa, en ambos casos, es el endeudamiento, mecanismo al cual han recurrido los gobiernos de Alianza PAIS, hasta llegar a una deuda pública del 60 % del PIB.

La dolarización impide el financiamiento del sector público mediante la emisión inorgánica, y también impide aumentar el ingreso (en moneda nacional) para los exportadores públicos o privados mediante la devaluación.

Quienes promueven la desdolarización lo hacen con el fin último de reducir el salario real, provocando una devaluación e inflación, supuestamente para lograr que el Ecuador tenga más “competitividad”.  Durante el gobierno de Correa se aumentó el salario mínimo a un ritmo más acelerado que el de la productividad, con lo cual cada hora de salario mínimo en el Ecuador cuesta el doble que el de nuestros países vecinos, Colombia y Perú.

Pero una desdolarización, devaluación, e inflación solo crearían más miseria, aparte de generar incertidumbre, falta de confianza, y una fuga de capitales.

Es por ello que los sindicatos, trabajadores, jubilados y más personas que perciben una renta fija en el mundo entero siempre han combatido por una “moneda dura”, que no se desangre en medio de la inflación (esta fue una de las banderas de lucha de los trabajadores inmolados el 15 de noviembre de 1922).

Arauz, Pablo Dávalos y sus aliados persisten en confundir la “salida de divisas” con la “fuga de divisas”. Mas del 90 % de la salida de divisas corresponde a las importaciones de bienes y servicios. Una tasa (del 5 % o el 27 %) lo único que hace es encarecer el costo de los bienes y servicios en el Ecuador.

Arauz propone “reducir en 10% la salida bruta de divisas privadas”; y, además, “una segunda meta plantearía repatriar $12 mil millones del sector privado”.  Es decir, quiere que el Estado intervenga en decisiones privadas, y obligue de alguna forma a “repatriar” activos externos de sectores privados. Es fácil asumir es que amenazas de incautación, impuestos del 27 %, y más restricciones al sector privado NO generan un incentivo para atraer capitales externos.

Por lo demás, tales propuestas monetarias y fiscales llevarían a que no se produzcan nuevos desembolsos del programa del FMI, con lo cual las brechas financieras y fiscales del próximo gobierno se ensancharían.

(*) Versión más extensa de la columna publicada el 4 de diciembre, 2020, en el Diario "El Universo" de Ecuador: 

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/12/04/nota/8070676/desdolarizacion-buena

No, Sr. Arauz, no hay una “desdolarización buena”

Por Luis Fierro Carrión 

El Econ. Andrés Arauz, candidato presidencial por el Correísmo, publicó el 20 de abril pasado un artículo titulado “Desdolarización mala y ‘desdolarización’ buena”:

https://dolarizacion.ec/2020/04/20/desdolarizacion-mala-y-desdolarizacion-buena/

(me dicen que el acceso está restringido en el Ecuador, pero pondré al final capturas de pantalla del mismo).

El candidato del grupo encabezado por un prófugo afirma que hay un debate sobre la “desdolarización” en el Ecuador, y cita como ejemplo una malhadada intervención del asambleísta Cesar Rohon del Partido Social Cristiano.

La verdad es que, aparte de Sr. Rohon, los únicos líderes políticos que han propuesto tal desfachatez han sido los propios Correístas, comenzando por un artículo publicado por Rafael Correa en 2004 en la Revista Iconos de la FLACSO (antes de ser Ministro o Presidente).

https://www.researchgate.net/publication/26483985_Dolarizacion_y_desdolarizacion_mas_elementospara_el_debate

En mayo 2019, Pablo Dávalos publicó un artículo en el cual afirmaba (falsamente) que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ponía en riesgo la dolarización. Ya en esa ocasión escribí una nota en este mismo blog desechando ese argumento falaz:

https://economicsandinvestment.blogspot.com/2019/04/ni-desdolarizacion-ni-prosperidad.html

Los acuerdos con el FMI (el primero, y luego el segundo) mas bien buscaban fortalecer la dolarización, aumentando las reservas netas (que Correa dejó en términos netos negativos).

Es cierto que, quienes promueven la desdolarización, lo hacen con el fin ultimo de reducir el salario real, provocando una devaluación e inflación, con el objetivo supuesto de lograr que el Ecuador tenga mas “competitividad”. En parte el problema se debe a que durante el gobierno de Correa se aumentó el salario mínimo a un ritmo mucho más acelerado que el de la productividad, con lo cual cada hora de salario mínimo en el Ecuador cuesta aproximadamente el doble que el de nuestros países vecinos (que tienen niveles similares o mayores de productividad), Colombia y Perú.

Una solución real a este problema sería reducir el salario mínimo, como lo hicieron Portugal y Grecia en circunstancias similares.

Pero una desdolarización, devaluación, e inflación solo crearían mas miseria, aparte de generar incertidumbre, falta de confianza, y una probable fuga de capitales.

Es por ello que los sindicatos, trabajadores, jubilados y mas personas que perciben una renta fija en el mundo entero siempre han combatido por una “moneda dura”, que no se desangre en medio de la inflación (esta fue incluso una de las banderas de lucha de los trabajadores inmolados el 15 de noviembre de 1922).

Un estudio de la época destaca que una organización de trabajadores “presentó ante el Congreso Nacional una petición para la derogatoria de la Ley Moratoria [Ley que eliminó el patrón oro] y la declaro ‘favorable a los especuladores [y] perjudicial a las clases obreras” (Milk, 1997, p. 80,  https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1501&context=abya_yala). Recuérdese que en 1922, cuatro bancos privados imprimían billetes sin respaldo, lo cual derivó en una inflación descontrolada.

Arauz habla de una “‘desdolarización’ buena [que] buscaría: más medios de pago y encarecimiento de las importaciones.”

Ahí es donde cae en una falacia.  Al generar una “moneda electrónica”, que seria emitida sin respaldo, se provocaría igualmente la devaluación de tal “moneda electrónica” y su pérdida de poder adquisitivo. Adicionalmente, si el Estado usase dicha “moneda electrónica” para pagar sueldos y a los proveedores, rápidamente se impondría un sistema bimonetario, en el cual la “moneda electrónica” perdería valor rápidamente frente a los dólares de EE.UU.

Así, por ejemplo, los Correístas han propuesto entregar una “renta básica universal” (RBU) de 400 de estas unidades de moneda electrónica, que en pocos meses caería de valor por debajo de los actuales $50 del bono de desarrollo humano. Pero, al impulsar este bimonetarismo, podrían empujar a una desdolarización de facto, incautando cuentas bancarias, restringiendo el acceso a los dólares para importadores, etc.

Si bien Arauz afirma que “En ningún caso implica reducir la remuneración ni la capacidad adquisitiva de los trabajadores, excepto en bienes importados”, en la práctica el poder adquisitivo de estos “patacones electrónicos” caería rápidamente, al no aceptar los bancos, comercios u otras entidades un cambio de uno a uno con el dólar. Exactamente eso pasó en Argentina cuando la emisión de “bonos” – llamados patacones” - dio al traste con la convertibilidad.

Arauz continúa proponiendo elevar el “impuesto a la salida de divisas”, que se convertiría en un “cupo fijo” vendido por el Banco Central, de 27 % (mas que quintuplicando el ISD actual, de 5 %).

Cabe mencionar que, si bien este impuesto se denomina “a la salida de divisas”, en la práctica se vuelve en un desincentivo para el ingreso de divisas por inversión, dado que los inversionistas saben que, para poder importar maquinaria, equipos, bienes intermedios e insumos, así como para poder extraer los dividendos ganados, tendrán que pagar esta tasa (del 5 % actual, o 27 % propuesto por Arauz).  A ello se añade que este “cupo limitado” sería “concedido” por el Estado, generando en los hechos un mercado distorsionado, el mismo que ha derivado en grandes problemas (y gran corrupción) en los países que lo han aplicado, como Venezuela o Argentina.

Arauz y sus aliados (entre ellos Pablo Dávalos) persisten en confundir – mañosamente – la “salida de divisas” con la “fuga de divisas”.  Mas del 90 % de la salida de divisas corresponde a las importaciones de bienes y servicios.  Una tasa (del 5 % o el 27 %) lo único que hace es encarecer el costo de los bienes y servicios en el Ecuador, es similar a un arancel.

Mas allá de los problemas económicos y financieros concretos que podrían derivarse de este intervencionismo estatal en los mercados privados, que eleve los costos de los bienes y servicios consumidos por los ecuatorianos, está el aspecto filosófico subyacente. Arauz propone “reducir en 10% la salida bruta de divisas privadas”; y, además, “una segunda meta plantearía repatriar $12 mil millones del sector privado”.  Es decir, quiere que el Estado intervenga en decisiones privadas, y obligue de alguna forma a “repatriar” activos externos de sectores privados.  Lo que parece fácil asumir es que amenazas de incautación, impuestos del 27 %, y más restricciones al sector privado NO generan un incentivo para atraer capitales externos.

Se buscaría una pauperización de la población, para que dependa de las dádivas del Estado (en lugar de impulsar la generación de empleo productivo).

Por lo demás, tales propuestas monetarias y fiscales llevarían a que no se produzcan nuevos desembolsos del programa del FMI, con lo cual las brechas financieras y fiscales del próximo gobierno se ensancharían.

En fin, las propuestas del candidato Arauz llevarían a que el Ecuador se Venezuelanice a pasos agigantados.

Si realmente queremos fortalecer y blindar la dolarización (e impulsar una reactivación económica), se requiere:

      ·        Reducir el gasto público, precautelando el gasto social.

      ·        Revisar exenciones y aumentar la progresividad del impuesto a la renta

      ·        Explorar la creación de un impuesto del 1 % a los patrimonios más altos.

      ·        Aumentar las reservas internacionales netas

      ·        Atraer inversión extranjera (sin propuestas desfachatadas ni confiscatorias)

      ·        Reducir el “Impuesto a la Salida de Divisas”

      ·        Generar políticas públicas para la creación de empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

      ·        Enfocar el crédito externo en la reactivación de las Pymes

      ·        Promover una reactivación verde, atrayendo recursos de donación y concesionales para la inversión en energía renovable, eficiencia energética, transporte público, y más medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

      ·        Dar incentivos tributarios a estas inversiones “verdes”

      ·        Terminar de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles

      ·        Aumentar la cobertura y el monto del bono de desarrollo humano (pagadero en dólares de EE.UU., y no en patacones electrónicos). 

Otras propuestas aparecen en el programa de gobierno de César Montúfar, de la Alianza Honestidad:

https://cesarmontufar.com/assets/media/files/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf

 

FMI vuelve para ofrecer recomendaciones al Ecuador

FMI vuelve para ofrecer recomendaciones al Ecuador

Por Luis Fierro Carrión (*)

El 21 de octubre, al mes de haberse efectuado la reunión del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para considerar el informe anual (Informe de Articulo IV) sobre el Ecuador, los documentos del informe fueron distribuidos públicamente. Esto contrasta con la práctica que ha observado el Ecuador (de mantener confidenciales dichos documentos; un antecedente de apertura fue en 2006); y esta fue la primera vez desde el 2006 en que una misión del FMI visitó al Ecuador (las anteriores durante este gobierno se realizaron a la distancia).

La publicación del Informe parece confirmar que el Ecuador está en un diálogo de políticas con los funcionarios del Fondo, lo cual potencialmente podría conducir a financiamiento.

El informe destaca que el crecimiento del PIB, que había promediado 4.5 % anual en la década pasada, caería en -0.6 % en el 2015, y un estancamiento (0.1 %) en el 2016.  El ingreso per cápita por consiguiente sufriría una contracción significativa en 2015-16. 

El FMI también destaca la caída de la tasa de pobreza (de 38 % en 2006 a 22.5 % en 2014), así como del coeficiente de Gini que mida la desigualdad (0.54 en 2006 a 0.47 en 2014).  Esto podría revertirse con la caída del ingreso per cápita.

El Fondo considera que la recesión económica se deriva principalmente de la caída del precio del petróleo, así como la apreciación real del tipo de cambio (del dólar con respecto a otras monedas).  La situación se podría agravar por el posible encarecimiento del crédito internacional, potencial presión domestica sobre el sistema financiero, incertidumbre sobre las políticas económicas, y el posible efecto de desastres naturales (El Niño y actividad volcánica).  Un estudio adjunto señala que no se espera que el precio del petróleo vuelva a los niveles de la primera mitad del 2014 en el futuro previsible (“any time soon”).

Plantean que cualquier brecha de financiamiento debería cerrarse recortando gastos no esenciales y evitando “financiamiento de corto plazo del Banco Central”.  El BCE ha estado proveyendo financiamiento directo al gobierno desde Octubre 2014, así como a corporaciones públicas (CFN, etc.) lo cual genera dudas sobre la liquidez del Banco Central y su capacidad por atender a necesidades de liquidez del sistema financiero, por lo cual el FMI considera que dicho financiamiento debe descontinuarse.  

Recomiendan eliminar gradualmente las “salvaguardas” comerciales y el impuesto a la salida de divisas. Se debe racionalizar el gasto público, contener el aumento de los sueldos en el sector público, continuar con el plan de reducir los subsidios a los combustibles mientras se protege a los pobres; y mejorar la recolección de impuestos.

Se propone reducir las rigideces en el mercado laboral, incluyendo la reducción en el costo de despido; promover contratos de corto plazo; facilitar la participación en la fuerza laboral (por ej., proveyendo cuidado infantil).  Se menciona que se requiere un ajuste (a la baja) de los salarios reales, lo cual se dificulta en una economía dolarizada. Se anota que el salario mínimo vital es muy superior al promedio de Brasil, Chile y Colombia (las siguientes más altos en la Región); y también si se lo mide en comparación el PIB per cápita.  Desde el 2007 los salarios han aumentado muy por encima de la productividad.

Le preocupa al FMI la liquidez, regulación y supervisión del sistema financiero.  Recomienda levantar progresivamente las “restricciones regulatorias a las actividades bancarias – especialmente topes a las tasas de interés, penalidades a invertir las reservas en el exterior, y requerimientos de liquidez doméstica”.  La “credibilidad en el sistema de moneda electrónica” debe asegurarse, y se deben descontinuar los “prestamos dirigidos” por el sector público. Recomiendan fortalecer aún más el sistema de control de lavado de activos, y que se realice una nueva “Evaluación del Sistema Financiero” (FSAP), dado que ha transcurrido mucho tiempo desde la última.  Los préstamos en mora han mostrado una tendencia al alza (3.8 % en Julio 2015).

El FMI apoya las reformas dirigidas a aumentar la productividad, aumentar la participación del sector privado, atraer inversión extranjera directa, diversificar la economía, y promover la integración comercial.  El ranking del Ecuador en competitividad era relativamente bajo, especialmente en las áreas de regulaciones a las empresas, pago de impuestos, acceso a crédito y electricidad. El crédito al sector privado crecería a tasas ínfimas en 2015 (1.4 %) y 2016 (2 %). 

El déficit del sector público no financiero alcanzaría 5.4 % en 2014, 5.1 % en 2015 y 3.7 % en 2016.  La deuda publica alcanzaría 40.4 % del PIB en el 2016, superando el límite legal (hay un asterisco que indica que el gobierno no cuenta en el saldo de la deuda las pre-ventas petroleras, por lo cual conforme a la definición del gobierno se alcanzaría 38.3 %).  El saldo de la reserva internacional cubre apenas 1.6 meses de importaciones de bienes y servicios; y se prevé que se reduzca en 2015 y 2016.

Con respecto a las propuestas de leyes de herencia y plusvalía, indica que se encuentran entre las más altas del mundo; y que el gobierno las había retirado por “oposición pública”.

El Fondo pide más transparencia en las pre-ventas petroleras, atrasos de pagos de la Secretaría de Hidrocarburos, prestamos emitidos al BCE, deuda de corto plazo, y pasivos contingentes.

En una matriz de riesgos y respuesta de políticas, se recomienda:

·      Abrir la inversión privada en el sector petrolero.

·         Recortar el gasto público.

·         Asegurar liquidez para el sistema financiero, reducir controles a tasas de interés.

·         Mejorar la productividad, la competitividad y el clima de inversiones

·         Facilitar los ajustes de sueldos y precios.

·         Diversificar la economía para reducir la dependencia en el petróleo.

·         Tomar medidas para mejorar el acceso al financiamiento internacional.

·         Asegurar la estabilidad del sistema financiero.

·         Continuar con la reducción de subsidios a los combustibles, permitiendo que los precios reflejen niveles internacionales.

·         Reducir evasión y elusión en los impuestos, así como deducciones del impuesto a la renta.  Evitar “amnistías tributarias”.

·         Aumentar gradualmente la edad de jubilación, atar los beneficios de pensión a las contribuciones, y hacer esfuerzos para reducir la informalidad del mercado laboral.

Los fondos del IESS administrados por el BIESS alcanzaron $15.700 millones, de los cuales $5.700 

millones esta invertido en bonos del Estado.

En la Declaración por el Director Ejecutivo que representa a Brasil, Ecuador y otros países (Otaviano Canuto; y su asesor Francisco Rivadeneira), se destacan los riesgos por la erupción del Cotopaxi y el fenómeno intensificado de El Nino.  Cita uno de los estudios adjuntos en el sentido de que “El Nino” de 1997-98 tuvo un impacto de 2 % del PIB, y se espera que el de este año sea de similar intensidad.  Se informa que en el presupuesto del 2016 se “racionalizan” ciertos subsidios. Se menciona que se piensa impulsar la minería, así como las alianzas público-privadas.   Se menciona que el acuerdo comercial con la Unión Europea entrara en vigencia a mediados del 2016, y que se están negociando otros acuerdos comerciales con Corea del Sur, EFTA (países de Europa que no forman parte de la UE), y con varios países centroamericanos.

El FMI emitió estudios (“staff papers”) sobre: la estabilidad macro-financiera; el sector externo; comparación de los efectos del shock externo de 2008-09 con el de 2014-15; y sobre el sistema de pensiones de Ecuador (disponibles en su sitio web: http://www.imf.org/external/country/ecu).

(*) Una versión de este artículo aparecerá en el número de Noviembre-Diciembre 2015 de la Revista Gestión de Ecuador.  El autor representó al Ecuador en el Directorio del FMI en el 2006.  Las opiniones vertidas no reflejan aquellas de ninguna institución.