Por Luis Fierro Carrión
Twitter: @Luis_Fierro_Eco
El domingo 7 de febrero tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones
en el Ecuador.
Quienquiera que asuma la Presidencia tendrá que decidir si continúa con
el Acuerdo con el FMI (y, por ende, recibir los desembolsos por $2.500 millones
pendientes), o bien suspenderlo, o intentar renegociarlo.
Si bien los primeros dos desembolsos efectuados en 2020, por $4.000
millones, no tenían mayor condicionalidad (se pedía aumentar la cobertura del
bono de desarrollo humano a 250.000 familias adicionales, así como aprobar
reformas a las leyes anticorrupción); los desembolsos para el nuevo gobierno sí implicarán un ajuste fiscal significativo, de 5 % del PIB.
Se busca un aumento de ingresos tributarios de 2,5 % del PIB (unos
$2.500 millones), junto con una reducción del gasto de una magnitud similar. Con
ello, se esperaría reducir el déficit del sector público no financiero de
$7,3 mil millones en 2020 a $2,9 mil millones en 2021.
Se sugiere un aumento del IVA en 3 %; así como un
incremento del impuesto a la renta personal de 5 % para ingresos superiores a $27.000
anuales (y de 3 % para ingresos inferiores a $27.000).
El Informe del FMI (Staff Report) publicado el 23 de diciembre menciona
que los tres candidatos principales (Lasso, Arauz y Pérez) han indicado que
podrían impulsar reformas tributarias, pero no está claro si alguno de ellos se
habría comprometido a aumentar el IVA o el impuesto a la renta. El FMI mantuvo
reuniones con Guillermo Lasso, Andrés Arauz y César Montúfar (Yaku Pérez no
aceptó reunirse).
Lasso ha dicho que reducirá los impuestos, pese a que se mantiene un
déficit del 7 % del PIB; Arauz y Pérez han indicado que buscarán renegociar el
Acuerdo, en tanto que Arauz específicamente ha dicho que piensa aumentar el
gasto público corriente y de inversión, lo cual seria contrario al ajuste
fiscal requerido. Sería improbable que en esas circunstancias se produzca el
nuevo desembolso del Fondo, con lo cual se agudizaría la brecha financiera de
7,7 % del PIB prevista para el 2021. Arauz también ha mencionado que impulsaría
un impuesto al patrimonio del 2 % anual.
El candidato que aparece cuarto en el promedio de encuestas, César
Montúfar, ha dicho que no aprobaría ni un aumento ni una reducción del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), pero que, si estaría a favor de aumentar la
progresividad del impuesto a la renta (IR), y así mismo a reducir las
exenciones de dicho impuesto. También ha propuesto un impuesto del 1 % al
patrimonio, para los patrimonios superiores a $400.000 (excluyendo la vivienda
principal).
En cuanto a reducción del gasto, Lasso menciona la “reducción del tamaño del Estado”. Recortes mayores sea en gastos de personal como en inversión serían complicados, dado que ya se han reducido mucho. La inversión pública ha disminuido de 8 % del PIB en 2018 a 6,1 % del PIB en 2020, y se anticipa una reducción adicional a 5,4 % del PIB en 2021. Esto incluye inversión en el sector petrolero, de cerca de 1,5 % del PIB, que se requiere para mantener los niveles de producción actuales.
El gasto en sueldos del sector público se ha reducido de $10,3 mil
millones en 2018 a $9,6 mil millones en 2020, y se anticipa mantenerlo en
niveles cercanos a $9,6 mil millones en 2021-23. Ya se han desvinculado unos
50.000 empleados públicos.
Según la Tabla 6 del Staff Report, el efecto neto del aumento del
número de familias que reciben el bono y los aumentos de las tasas del IVA e IR
sería incrementar los ingresos en los primeros 3 deciles, mantener
ingresos similares en los deciles 4-7, y reducir los ingresos en los deciles
8-10 (y una reducción del coeficiente de Gini, un indicador de desigualdad, a
los niveles anteriores a la pandemia).
El informe del FMI estima que un millón y medio de personas cayeron bajo
la línea de pobreza por la pandemia (y que los pobres han aumentado de 30 a 38
% de la población).
El Fondo recomienda continuar los esfuerzos para facilitar la creación
de empleo (permitiendo más flexibilidad en horas de trabajo, contratación a
tiempo parcial, etc.).
El FMI también sugiere continuar la reducción de los subsidios al
diésel y la gasolina que iniciaron Correa y Moreno. El subsidio a la gasolina
prácticamente se eliminaría, y el subsidio al diésel bajaría de $965 millones
en 2019 a $739 millones en 2021.
Con estos esfuerzos, la deuda pública total podría bajar de 66 % del PIB
en 2020 a 56,6 % en 2025 (sin cruzar el umbral critico de 70 % del PIB).
Otro compromiso es aumentar la independencia y autonomía del Banco
Central, e impedir financiamiento del BCE al gobierno (Arauz ha anunciado
políticas contrarias).
Arauz piensa aumentar el llamado “impuesto a la salida de divisas” al 27
%, con lo cual en realidad se impedirá el ingreso de recursos para inversión.
Propone una “política monetaria creativa” para crear “dinero electrónico” sin
ningún respaldo. Estas políticas también serian contrarias a las
recomendaciones del FMI.
En definitiva, es probable que, con Arauz o Pérez, se suspenda el
programa con el FMI, lo cual incidiría en un aumento del “riesgo país”, un
incremento de la tasa de interés a la cual tendría acceso el Ecuador en los
mercados internacionales.
La reestructuración de los bonos abrió una ventana de cuatro años de
menores pagos del capital (aparte de la reducción del principal efectuada en
2020). El riesgo sería que un nuevo gobierno comience a endeudarse nuevamente (vía
bonos o prestamos bilaterales de China), lo cual pondría en riesgo la
sustentabilidad de la deuda. Igualmente, si no se mantiene el programa con el
FMI, no se recibirán los $2.500 millones restantes, con lo cual se podrían
agravar los atrasos en pagos a proveedores, sueldos, etc.).
Algunos indicadores publicados en el Staff Report del FMI:
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