Nadie culpa a los bomberos por los incendios. Pero al FMI lo culpan de los programas de ajuste que son requeridos cuando estalla un “incendio” de desajustes fiscal, de balanza de pagos o macroeconómico. La necesidad de un fuerte ajuste fiscal en 2019-2021 (mejorar el balance fiscal en 5 % del PIB) es una consecuencia directa de que el gobierno de Rafael Correa (y el primer año del gobierno de Lenín Moreno) permitió que el incendio del creciente déficit fiscal se extendiera sin que se hiciera mucho por extinguirlo, recurriendo a endeudamiento cada vez más oneroso.
Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía y Finanzas, se empezó a tratar de lidiar con el tema, dado que era cada vez más insostenible recurrir al endeudamiento externo caro, y se logró un Programa de Ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado por su Directorio el 11 de marzo, 2019.
El incendio se desató en 2014, cuando la caída del precio del petróleo crudo en el mercado internacional comenzó a mermar los ingresos fiscales. También tuvo un impacto el terremoto en Manabí y Esmeraldas, la revalorización del dólar, la pérdida de competitividad del país, y una recesión económica (que redujo los ingresos tributarios).
En un periodo de apenas dos años, los ingresos del Sector Público No Financiero cayeron de 38,4% del PIB en 2014 a 30,3% en 2016, una caída de 8,1 puntos.
El gasto fiscal, que había alcanzado la bicoca de 43,6% del PIB en 2014, se contrajo, a 38,6 % del PIB en 2016, y bajo aún más a 36,5% del PIB en 2017. No obstante, el déficit general estalló, pasando de 5,2% del PIB en 2014 (muy elevado para el periodo precrisis) a 8,2% del PIB en 2016.
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