Resumen de mi gestión como Viceministro de Economía de Ecuador

Dejé el cargo de Viceministro de Economía de la República del Ecuador el 20 de septiembre de 2021.

Aquí un resumen de mi Informe Final de Gestión.

Durante el período de desempeño de mis funciones, he apoyado al Ministro de Economía y Finanzas en el diseño y la ejecución de la política económica y financiera, tendiente a impulsar una recuperación económica sostenible y verde.

 Se han logrado avances importantes:

 - Financiamiento del Plan de Vacunación (9,8 millones plenamente vacunados hasta el 19 de septiembre, 78,8 % de la población mayor a 16 años).

- Inicio de la recuperación de las ventas, el empleo, la inversión privada y las exportaciones.

- En el período enero-agosto 2021 las ventas aumentaron en 22 % con respecto al mismo período de 2020.

- El Banco Central del Ecuador estima que se logrará un crecimiento del PIB de 3,02 % en 2021, y 3,4 % en 2022.

- El IESS ha recuperado 206.300 afiliados entre julio del 2020 y julio del 2021.

- La tasa de desempleo ha disminuido de 6,3 % en mayo a 4,9 % en agosto 2021; el empleo adecuado ha aumentado de 30,2 % en mayo a 32,4 % en agosto 2021.

- De enero a julio 2021 las exportaciones totales crecieron 31,3% respecto al mismo período de 2020; superaron en 12,3% el nivel de pre-pandemia (2019).

- Se alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el FMI para el segundo y tercer desembolso del Servicio Ampliado del Fondo (~$800 millones).  Participé activamente en el proceso de diálogo [El Directorio del FMI luego aprobó la revisión y el Informe de Artículo IV el 29 de septiembre].

- Se recibieron los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI por ~$950 millones.

- Se alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Banco Mundial para la matriz de políticas para un préstamo de libre disponibilidad ($500+ millones).

- Se aprobaron préstamos del BID, la CAF y el FLAR; participé en el proceso de definición de las matrices de políticas y definición de los programas. Todos estos préstamos con bajas tasas de interés y a largo plazo (excepto en el caso del plazo del FLAR, a tratarse de un préstamo de apoyo a la balanza de pagos).

- Elaboración de una propuesta de reforma tributaria progresiva [presentada el 24 de septiembre a la Asamblea Nacional].

- Se fortaleció la Unidad de Grandes Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI).

 - Se concretaron acuerdos de intercambio de información con EE.UU. y las 144 jurisdicciones que participan en la CAAM (Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE).

- Aumento de la cobertura y mejora del registro de beneficiarios de los bonos de protección social.

- Elaboración de la Proforma Presupuestaria de 2021 (y preparación de la Proforma 2022). Se anticipa que habrá un menor déficit fiscal en 2022.

- Se ha continuado con la reducción gradual de los subsidios al diésel y la gasolina extra; y se ha diseñado un mecanismo de focalización del subsidio para el transporte de pasajeros.

- Se ha buscado facilitar la reestructuración de créditos en sectores afectados por la pandemia, incluyendo el transporte y el turismo.

- Se han hecho esfuerzos para mejorar el desempeño de la banca pública (CFN, BDE, BanEcuador, CONAFIPS, BIESS). Participé como delegado del Ministro en los Directorios de la CFN y BanEcuador, y presidí comités del Directorio de dichos bancos públicos.

- A través del COMEX, se apoyó en el análisis y aprobación de la reducción de aranceles para bienes de capital, bienes intermedios e insumos para los sectores productivos nacionales (reducción de 667 partidas para 81 industrias).

- Se eliminó el ISD para las aerolíneas.

- A través del CEPAI, se apoyó en el análisis y aprobación  de 19 contratos de inversión por $702 millones para fomentar la inversión privada en diversos sectores de la economía.

- Se apoyó el proceso de concesión de la planta de energía solar y baterías Conolophus en las Islas Galápagos; y se lograron avances en los proyectos solar en El Aromo (Manabí) y eólico en Villonaco II (Loja).

- Se ha impulsado el acceso al financiamiento climático y ambiental. Se promovió la creación de una unidad de financiamiento climático en el MEF, con apoyo de recursos no-reembolsables del BID.

- Se apoyó a la “Iniciativa Recuperación Verde Ecuador” por parte del PNUD; y avances en la ejecución de una asistencia técnica para la recuperación sostenible financiada por la Unión Europea e implementada vía GIZ, NDC Partnership y el Banco Mundial.

 - Se impulsó el programa de ciudades sostenibles de la GIZ (financiada por el gobierno alemán), y se tuvo una reunión preliminar para el futuro programa de apoyo en el ámbito del financiamiento climático.

- Se apoyaron los esfuerzos para formar la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, incluyendo la participación en reuniones del comité interinstitucional y en la Presidencia.

- Se logró la aprobación de un préstamo de CAF por $200 millones dirigido a combatir la desnutrición crónica infantil.

- Se presentaron contribuciones e indicadores para el Plan Nacional de Desarrollo; así como para los indicadores estratégicos de la Presidencia de la República [El Plan Nacional de Desarrollo se presentó a la Asamblea el 21 de septiembre].

Propuestas ante la Emergencia Sanitaria y Crisis Económica en el Ecuador

Luis Fierro Carrión

El Ecuador vive una crisis sanitaria y económica sin precedentes. La pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente al país, y lo seguirá haciendo mientras no se adopten estrictas medidas de distanciamiento social. El impacto sobre la economía mundial y nacional también será significativo, tanto por la caída de los precios del petróleo y otros productos de exportación, como por los efectos de la paralización de la producción y el consumo internos.

            Frente a ello, es necesario que los sectores políticos y sociales del país se unan en un Gran Acuerdo Nacional, para enfrentar a esta situación, que es similar a una economía de guerra.

     1.       Apoyar las medidas adoptadas por el COE del gobierno nacional con respecto a la necesidad de observar el distanciamiento social, saliendo únicamente en casos imprescindibles para comprar productos de primera necesidad y medicamentos (excepto, claro, los trabajadores del sector de la salud, el sector agropecuario, los vendedores de tiendas, supermercados y farmacias, los empleados de instituciones financieras, y otros empleados de sectores estratégicos como petróleo, electricidad, agua potable, etc.).

     2.       Permitir el ingreso de ciudadanos y residentes ecuatorianos que se encuentren en el exterior, así como la salida de extranjeros que se encuentran en el país y deseen regresar a sus países de origen. Esto debe enfocarse únicamente en los viajes humanitarios que sean imprescindibles.

      3.  Es urgente invertir en mejorar la capacidad de la salud pública, incluyendo especialmente el número de camas hospitalarias, el número de camas en unidades de cuidados intensivos, ventiladores y respiradores. Es urgente ampliar la infraestructura hospitalaria del país.

      4.   Es urgente, así mismo, aumentar el número de pruebas para detectar la presencia de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Solo expandiendo el número de pruebas será posible: a) saber la extensión del problema; b) aislar a los contagiados; c) establecer un cerco epidemiológico de las personas que han estado en contacto con los infectados.

      5.    Es vital proveer a los hospitales y centros de salud de mascarillas, guantes, y otros materiales de bio-protección. Si se enferman los médicos, enfermeros y otros trabajadores de salud, el problema se volverá mucho más grave.

     6. El precio del petróleo crudo ha caído a la tercera parte de la que estaba a inicios de enero. Los precios de otros productos de exportación también han caído. Esto mermará las exportaciones y los ingresos fiscales del país.

     7.  El distanciamiento social obligatorio tendrá, ineludiblemente, un impacto adverso sobre la economía, al reducirse tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Sufrirán en particular algunos sectores de servicios (turismo, hoteles, restaurantes, sector de entretenimiento, comercio de productos no-alimenticios, entre otros).

       8.  Dado que solo el 40 % de la población económicamente activa tenía empleo adecuado antes de esta crisis, se puede prever que el nivel de desempleo aumentará rápidamente. Muchos trabajadores del sector informal perderán sus fuentes de ingresos. Esto puede derivar en una crisis humanitaria de proporciones y urgente.

       9.    Están en camino algunas iniciativas públicas y privadas para proveer de alimentos y productos de primera necesidad. Hay iniciativas de cadenas de supermercados, ONGs, instituciones religiosas, entre otras. El MIES junto con las cadenas de supermercados ha creado el sitio www.darunamanoecuador.com para donaciones. Es urgente que el gobierno establezca un Fondo Solidario para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

      10.  También se debe aumentar tanto el monto como la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, para que llegue al menos al 40 % de la población de menores ingresos.

       11.  Para financiar estas medidas urgentes (sanitarias y de protección social), se requieren recursos. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Correa dejó al país sin reservas (las reservas internacionales netas eran negativas al final de su mandato), sin fondos de ahorro o inversión (desbarató los fondos existentes), y altamente endeudado (cerca de $60 mil millones de deuda pública, entre deuda externa, interna y otras obligaciones pendientes de pago).

        12.   Ante la caída del precio del petróleo, se ha disparado el “riesgo país” o la tasa de interés a la cual el Ecuador podría acceder a recursos del mercado financiero internacional.

       13.   Por ende, se deben buscar otras fuentes de recursos para enfrentar la emergencia.

       14.   El gobierno debe solicitar recursos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BID, la CAF, y otros bancos y agencias de desarrollo multilaterales y bilaterales. Se han constituido también fondos fiduciarios en Naciones Unidas.

      15. Es imperativo renegociar los préstamos bilaterales, en particular con China (tasas más bajas, plazos más extensos).

     16.  No se debe declarar una moratoria unilateral de los bonos, lo cual únicamente causaría un aumento mayor del “riesgo país” y un cierre del acceso a recursos.  Pero si se puede explorar, con el apoyo del FMI, una reestructuración amigable, integral y concertada de la deuda externa.

     17.  Aprovechando que los precios de los combustibles fósiles están bajos, se deben eliminar los subsidios a los mismos.  Se puede paliar el impacto de tal medida (que será menor, dados los bajos precios) con el aumento del Bono de Desarrollo Humano, y quizás mediante un subsidio directo al transporte público (urbano e interprovincial).

      18.  Acelerar la negociación de tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales con los cuales todavía no los tenemos (Estados Unidos, Alianza del Pacifico, etc.).

     19.  Reducir la nómina del sector público. La forma más expedita sería mediante una contribución especial del 20 % de los sueldos y salarios de todo el sector público (no solo el Ejecutivo) mientras dure esta crisis. Se debe continuar con políticas de austeridad, tales como la eliminación de ministerios, secretarías y agencias innecesarias, así como la venta, concesión o cierre de empresas públicas que generen pérdidas acumuladas.

       20.  Establecer un impuesto temporal al patrimonio del 1 %, que se aplique a los patrimonios de más de $100.000.

       21. Buscar mecanismos flexibles y adaptados a cada caso para frenar la perdida de empleo, y permitir la recuperación del empleo una vez se vaya aliviando la crisis sanitaria. Por ejemplo, permitir la contratación por horas, a tiempo parcial; mayor periodo de prueba inicial, entre otros.

      22.   Permitir a los bancos y cooperativas (públicos y privados) extender periodos de gracia para los préstamos sin cobrar intereses de mora ni reportar a la central de créditos.

     23. Establecer un fondo de compensación temporal entre importadores y exportadores privados, mediante un recargo temporal a las importaciones del sector privado de bienes de consumo (no bienes intermedios o de capital que se usen en la producción); con una compensación de la misma magnitud a los exportadores no-minerales del sector privado. Al ser un mecanismo del sector privado, no requeriría recursos públicos (esta propuesta, entre otras, se deriva de la presentada por un grupo de 11 economistas).

https://www.elcomercio.com/actualidad/economistas-propuesta-medidas-economicas-coronavirus.html

       24. Renegociar los contratos con empresas petroleras privadas establecidos por el gobierno de Correa, que garantizaban un precio de hasta $42 por barril de petróleo.

       25. Acelerar la concesión o venta de empresas estatales, en particular de medios de comunicación. empresa de telecomunicaciones y bancos incautados.


     PD: Por la tarde del 23 de marzo, el Ministro de Finanzas anunció:

- pago del saldo del capital del Bono 2020 ($325 millones)

- suspensión de pago por 30 días de los intereses de los bonos restantes.

- renegociación de deuda con acreedores privados y bilaterales 

- acceso a financiamiento rápido del FMI para enfrentar el coronavirus por $500 millones 

- $100 millones para emergencia sanitaria de la CAF, BID y Banco Mundial 

- desembolsos previstos de multilaterales por otros $500 millones 

- Nuevo préstamo bilateral (se entiende que chino) por $1.400 millones.

Sitio www.darunamanoecuador.com para donaciones

Cambio climático, alivio de la deuda, canje de deuda y financiamiento climático

Cambio climático, alivio de la deuda, canje de deuda y financiamiento climático

Por Luis Alberto Fierro, Asesor de Financiamiento Climático (*)

En las últimas semanas hemos visto el creciente impacto del cambio climático: los huracanes Irma, Katia y María en el Atlántico; las fuertes inundaciones en el sur de Asia, Malí, Ecuador y otros lugares; los prolongados incendios forestales en Estados Unidos y Canadá; las sequías en otras regiones, etc.

Los desastres naturales relacionados con el clima se han multiplicado por cuatro desde 1970:

https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/08/daily-chart-19

En particular, el calentamiento de las aguas tropicales ha aumentado la intensidad de los ciclones tropicales (huracanes, tifones), y por lo tanto su poder destructivo.

Al mismo tiempo, hemos visto que el costo económico de estos eventos climáticos ha aumentado, dado el aumento de la población, el aumento de las ciudades cercanas a las zonas costeras y el aumento del número de eventos climáticos severos. En algunas islas altamente vulnerables del Caribe, las pérdidas superan el PIB anual. Se calcula que el huracán Irma costó 13 mil millones de dólares en pérdidas y daños, con un costo superior al PIB anual de varias islas.

Estamos presenciando las siguientes tendencias simultáneas:

a) aumento del número de desastres naturales relacionados con el clima;

b) aumento del costo de estos desastres naturales;

c) varios países en desarrollo que tienen una deuda externa pública que excede su PIB, o están en un sendero insostenible de endeudamiento;

d) creciente número de "refugiados climáticos", que tienen que huir de sus países de origen debido a problemas relacionados con el cambio climático (sequía, inundaciones, pérdidas agrícolas, desertificación, exceso de calor);

e) los países desarrollados comprometidos en la Decisión 1/CP.21 que acompañaban al Acuerdo de París a movilizar conjuntamente al menos 100 mil millones de dólares anuales para financiamiento climático, incluidas las actividades de mitigación y adaptación.

Estas tendencias están interconectadas.

Los 10 países más vulnerables al clima en el mundo son: Honduras, Myanmar, Haití, Nicaragua, Filipinas, Bangladesh, Paquistán, Vietnam, Guatemala y Tailandia (Fuente: GermanWatch, https://germanwatch.org/de/download/16411.pdf).

Según Erlassjahr (sobre la base de los datos del FMI y su propio análisis), los países que enfrentan las más graves dificultades con respecto a su deuda externa pública son los siguientes:

"Los más amenazados por una crisis renovada de la deuda son los países que ya han mostrado altos indicadores antes y que no han podido mejorar su situación. En los cinco grupos regionales se trata de los siguientes países:

• CEI / CEE: Albania, Kirguistán, Armenia, Kazajstán, Montenegro, Georgia, Croacia, Ucrania, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Serbia

• África Sub-Sahariana: Cabo Verde, Mozambique, Ghana, Mauritania, Gambia, Sudán, Mauricio, Zimbabue

• América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Barbados, El Salvador, Antigua y Barbuda, Uruguay, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Venezuela

• Asia y el Pacífico: Bután, Samoa, Sri Lanka, Mongolia, Tonga, Paquistán, Lao

• África del Norte / Oriente Medio: Túnez, Jordania, Yemen, Líbano.

Los grupos de países más afectados son los pequeños Estados insulares en desarrollo, los PPME posteriores al punto de culminación, los estados de transición y las economías extractivas "

Fuente: https://goo.gl/isHS4Y

Entre los países más afectados por los niveles insostenibles de deuda están los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, así como varios países centroamericanos altamente vulnerables (Nicaragua, Guatemala y El Salvador).

Los PPME se refiere a la iniciativa de alivio de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, que fue complementada por la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda. Entre los dos, proporcionaron un alivio de la deuda de aproximadamente 75 mil millones de dólares (en términos de valor actual neto para 2014) a 36 países altamente endeudados de bajos ingresos. (https://goo.gl/C5tJ1i).

Países PPME con Punto de Culminación (36)
Afganistán	Etiopia	Mauritania
Benín	Gambia	Mozambique
Bolivia	Ghana	Nicaragua
Burkina Faso	Guinea	Níger
Burundi	Guinea-Bissau	Ruanda
Camerún	Guyana	São Tomé & Príncipe
Rep. Central Africana	Haití	Senegal
Chad	Honduras	Sierra Leone
Comoros	Liberia	Tanzania
Republica de Congo	Madagascar	Togo
Rep. Democrática de Congo	Malawi	Uganda
Costa de Marfil	Mali	Zambia
Países pre-Punto de Decisión (3)
Eritrea	Somalia	Sudan

No obstante, cabe señalar que varios acreedores no pertenecientes al Club de París (en particular, China) NO participaron en esta iniciativa de alivio de la deuda y, por el contrario, aprovecharon el espacio fiscal abierto por el PPME para proporcionar nuevos préstamos a estos países, en la medida en que varios de ellos se enfrentan de nuevo a dificultades de servicio de la deuda. Entre ellos, Nicaragua en América Latina y Gambia, Ghana, Mauritania, Mozambique, y Sudán en África.

Actualmente existe una petición de moratoria sobre el pago de la deuda de Antigua y Barbuda, dado que la isla de Barbuda fue completamente devastada y las pérdidas ascienden a 220 millones de dólares.  Lo mismo podría decirse de Dominica.

Dada la situación, propongo lo siguiente:

1. Alivio de la deuda, incluida la deuda pública multilateral y bilateral, para los países altamente endeudados y altamente vulnerables (independientemente de su nivel de PIB per cápita). Recursos adicionales para financiar principalmente medidas de adaptación, para mejorar la resistencia climática de las infraestructuras y también para fortalecer las facilidades regionales y subregionales de seguros contra riesgos de catástrofes como el CCRIF:

http://www.ccrif.org/

Esto podría organizarse en el marco de las instituciones internacionales existentes (como el Banco Mundial o el PNUD).

2. Canje de deuda, también abiertos a acreedores multilaterales y bilaterales, para aquellos países que todavía tienen acceso al mercado y niveles de deuda sostenibles. En este caso, el producto de los canjes de deuda se invertiría en acciones de mitigación y adaptación basadas en resultados, con rigurosos sistemas de monitoreo y evaluación, para asegurar que las inversiones públicas (en lugar de pagos del servicio de la deuda externa) sean efectivamente canalizadas. Esto podría organizarse en el marco de los mecanismos existentes de financiación del clima, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) o los Fondos de Inversión Climática (CIF).

3. Financiamiento climático adicional: en la actualidad, el financiamiento climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo para los países en desarrollo se estima en $ 27 mil millones por año, y otros $ 17 mil millones se proporcionan a través del financiamiento público bilateral de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. La OCDE y CPI estimaron un total de 62 mil millones de dólares en financiación climática en 2014, que incluía fondos privados movilizados por instituciones públicas.

Para alcanzar un objetivo de 100 mil millones de dólares para 2020, la OCDE proyecta que la financiación pública debería aumentar a 67 mil millones de dólares (de un promedio de 41 mil millones de dólares en 2013-2014), con la diferencia procedente de fondos privados movilizados por entidades públicas.

https://goo.gl/tzts6L

CAP y WRI han lanzado una interesante propuesta reciente (dada la incertidumbre que rodea la posición de la Administración Trump con respecto al Acuerdo de París y sus contribuciones al Fondo Verde para el Clima) que permitiría la creación del "Fondo para el Clima de América" ​​que recibiría contribuciones de los gobiernos estatales y locales, fundaciones, otras fuentes privadas e incluso individuos (a través de crowd-funding).

https://goo.gl/93K4hM

Parte de la financiación proporcionada por el Fondo Verde para el Clima (GCF por su sigla en inglés), el Fondo de Adaptación, el Fondo para Países Menos Adelantados, el FMAM, el CIF y otros fondos climáticos podría destinarse a la elaboración de estrategias nacionales de financiamiento climático, la identificación de carteras de proyectos y la asistencia para el diseño de proyectos, a ser financiados parcialmente mediante la inversión nacional derivada del alivio de la deuda o de los canjes de deuda.

Esto permitiría:

a) reducir la carga de la deuda de los países en desarrollo (especialmente los países de bajos ingresos y altamente vulnerables).

b) canalizar recursos nacionales e internacionales adicionales hacia actividades de mitigación y adaptación, con lo que se buscaría que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de 2 grados C y el impacto del cambio climático no sea tan severo.

c) la canalización de recursos adicionales de financiación climática de los países desarrollados a los países en desarrollo y la dedicación al establecimiento de sólidos sistemas de Monitoreo y Evaluación para medir los resultados de los recursos invertidos.

Esta iniciativa requeriría el apoyo de las principales fuentes de financiamiento climático, y en particular de un “campeón” internacional (como el Presidente francés Macron).

(*) Asesor Financiero para el Financiamiento Climático y del Desarrollo. Estas son mis opiniones personales, y no reflejan las posiciones de ninguna entidad con la cual estoy ahora o he estado afiliado.

Fuentes de Financiamiento Climático en América Latina

Presentación sobre Fuentes de Financiamiento Climático en América Latina.

Presentada en Fundación Moises Bertoni, Asunción, Paraguay, 2 de junio, 2016.

1.Contexto y Antecedentes

2.Financiamiento Climático en el Acuerdo de Paris: retos y logros

3.Principales Fuentes de Financiamiento

• Entidades del Mecanismo Financiero de la Convención
• Bancos Multilaterales y Regionales de Desarrollo
• Agencias y Bancos Bilaterales de Desarrollo
• Otros Fondos Climáticos Internacionales
• Fuentes Privadas
• Fuentes Alternativas

4. Como acceder a estos Recursos

https://drive.google.com/file/d/0B2keH2NAJ6iOUUxEYTBJMWlBTW8/view?usp=sharing

Instrumentos novedosos de financiamiento climático

Por Soledad Aguilar (*), Luis Fierro (**) y Virginia Scardamaglia (***)

El financiamiento para el cambio climático ha sido uno de los principales temas de debate en la reciente COP 20 en Lima, Perú. Uno de los ejes de las negociaciones climáticas de los últimos meses ha sido justamente la capitalización del Fondo Verde del Clima (GCF por su sigla en inglés), que logró durante la COP el objetivo de llegar a una movilización inicial de recursos por unos US$10.200 millones; y la movilización conjunta de financiamiento climático hasta alcanzar una meta de US$100 mil millones anuales para el 2020.

Lo curioso es que, hoy en día, no son sólo los países desarrollados quienes están movilizando recursos, sino también algunos países en desarrollo. Así, tres países miembros de AILAC anunciaron contribuciones al Fondo Verde del Clima: Colombia y Perú contribuirán US$ 6 millones cada uno; y Panamá aportara un millón de dólares.  Otros países en desarrollo, como México, Mongolia y Corea del Sur también anunciaron aportes al GCF.

Al mismo tiempo, los países mencionados son también receptores de recursos para el cambio climático. Todos los países del grupo AILAC, conformado por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, reciben financiamiento para la mitigación y adaptación. El financiamiento proviene mayoritariamente de fuentes tradicionales, tales como: los bancos multilaterales y bilaterales de desarrollo, en especial el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Banco Europeo de Inversiones (BEI); agencias bilaterales de desarrollo; y fondos especializados como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y los Fondos de Inversión del Clima (CIF, por sus siglas en inglés).

Los países AILAC también promueven enfoques innovadores y creativos para el financiamiento climático. En las negociaciones actuales, los miembros de AILAC se encuentran en un grupo de países que ha propuesto que las contribuciones financieras no estén limitadas al grupo tradicional de países donantes, sino que otros que estén en condiciones de hacerlo, también provean recursos financieros y otros medios de implementación. Chile, por ejemplo, estableció diversos fondos fiduciarios en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los países de la UNASUR de manera conjunta proveyeron asistencia financiera a Haití tras su devastador terremoto, junto con apoyo material.

Entre algunos de los instrumentos más novedosos utilizados para financiar la mitigación y adaptación por los gobiernos de la región encontramos el impuesto al carbono instaurado por  Chile, siendo el primero de este tipo en la región. Asimismo, varios países de la región, como Colombia y Perú, han puesto en marcha Fondos Nacionales Climáticos. En el caso de Colombia, se creó el Fondo Nacional de Adaptación (www.fondoadaptacion.gov.co), que complementará al Fondo de Calamidad existente, diseñado para la ayuda de emergencia en el caso de un desastre natural, y en el caso de Perú se trata del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (www.profonanpe.org.pe).

Entre las inversiones de fondos de origen público encontramos algunos ejemplos interesantes para subrayar como:

• La Unión Europea (UE) puso en marcha el Fondo Latinoamericano de Inversiones (LAIF, por sus siglas en inglés), que proporciona una subvención como parte de un paquete de cofinanciación híbrido que incluye préstamos, préstamos concesionales, donaciones, garantías, operaciones de capital riesgo y asistencia técnica de las instituciones financieras públicas europeas y latinoamericanas,
• La puesta en marcha de un Programa de Cambio Climático y Energía Limpia, cofinanciado por el banco de desarrollo alemán (KfW) y la CAF, para los países miembros de esta última institución en la Región.
• La UE, Alemania y Noruega crearon el Fondo Global para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF). Su objetivo es anclar nuevos fondos de capital privado para proyectos de energía renovable y de eficiencia energética.
• Canjes de deuda por naturaleza o adaptación, como fue el caso de Alemania y Guatemala,
• CAF y KfW están poniendo en marcha un nuevo Fondo para el Desarrollo Geotérmico para América Latina. El fondo tiene la intención de mitigar los riesgos para el desarrollo de la energía geotérmica en Chile, Colombia y Perú, entre otros países.

Entre las inversiones de fuente privada, o mixta, resaltamos las siguientes:

• El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID creó, junto a otras instituciones públicas y privadas, el fondo de biodiversidad Eco-Empresas II, que invierte capital de expansión para el crecimiento de emprendimientos sostenibles en nichos de negocio únicos, tales como la agricultura orgánica, productos forestales no madereros, la silvicultura sostenible o ecoturismo. Los instrumentos utilizados son cuasi-capital, pagarés convertibles y deuda a largo plazo, entre otros. Varios países AILAC han participado en las operaciones de este Fondo.
• Un préstamo del Fondo Climático privado Althelia, respaldado por bonos de carbono, para el Parque Nacional Cordillera Azul de Perú.
•  En Perú, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial emitió su primer "Bono Verde" denominado en soles peruanos, junto a Rimac Seguros.

Otro ejemplo interesante, si bien no hay participación de países AILAC, es el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofes del Caribe sostenido por gobiernos de países del Caribe y administrado por el Banco Mundial, el cual ha permitido el pooling de riesgos para hacer frente a los desastres naturales de la región como los huracanes. Este es un mecanismo que podría ser replicado en otras regiones que compartan los mismos riesgos climáticos.

Como hemos visto, hay muchas fuentes novedosas y creativas de financiamiento para mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina y para los países de AILAC en particular, la cual proviene en su mayoría de fondos públicos.

En el caso de la inversión privada, las medidas necesarias para atraer este tipo de recursos requieren un rol más proactivo de los Estados (y entidades subnacionales), para aprobar regulaciones que generen las condiciones de mercado necesarias para atraer inversiones hacia sectores que no son comercialmente viables en ausencia de una normativa específica, o que requieren regulaciones (concesiones, aprobaciones) para poder funcionar.  Por ejemplo, es necesario adoptar regulaciones específicas para: promover el desarrollo de energías renovables; construir grandes obras de infraestructura para evitar inundaciones; o desarrollar el mercado de seguros climáticos indexados.

En este sentido, además de las regulaciones, los bancos nacionales de desarrollo juegan un rol fundamental en la creación del tipo de instrumentos financieros necesarios (como por ejemplo, garantías de riesgo político y líneas de crédito concesionales) para fomentar inversiones por parte del sector privado.

Una vez establecidas las condiciones de entorno para hacer viable la inversión privada, hay una amplia variedad de instrumentos que pueden ser utilizados para canalizar las inversiones, incluyendo, los tradicionales emisión de bonos, inversiones de capital y garantías, así como algunos más novedosos como la emisión de bonos verdes, bonos catastróficos o contingentes, la securitización de flujos de recursos para eficiencia energética, el desarrollo de seguros indexados para catástrofes climáticas, y el desarrollo de mercados de carbono y bolsas de activos climáticos, todos los cuales funcionan hoy en países desarrollados y tienen un incipiente desarrollo en los países miembros de AILAC.

(*)  Soledad Aguilar, Abogada (UBA), LLM (London School of Economics). Dirige el Posgrado en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO-Argentina. En la actualidad lidera una consultoría sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento para AILAC.

(**) Luis Fierro, Asesor en Financiamiento Climático de AILAC. Economista (PUCE), M.A. (U. de Oregon), M.Sc. y Ph.D. (c) (U. de Texas en Austin). Perfil: www.linkedin.com/in/luisfierro. Las opiniones no reflejan necesariamente la posición de los países miembros de AILAC.   

(***) Virginia Scardamaglia, Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO), asistente de investigación en el Posgrado en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO-Argentina. Trabaja con Soledad Aguilar en una consultoría sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento para AILAC.