Ecuador: Acuerdo con el FMI y los candidatos presidenciales

Por Luis Fierro Carrión

Twitter: @Luis_Fierro_Eco

El domingo 7 de febrero tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones en el Ecuador.

Quienquiera que asuma la Presidencia tendrá que decidir si continúa con el Acuerdo con el FMI (y, por ende, recibir los desembolsos por $2.500 millones pendientes), o bien suspenderlo, o intentar renegociarlo.

Si bien los primeros dos desembolsos efectuados en 2020, por $4.000 millones, no tenían mayor condicionalidad (se pedía aumentar la cobertura del bono de desarrollo humano a 250.000 familias adicionales, así como aprobar reformas a las leyes anticorrupción); los desembolsos para el nuevo gobierno sí implicarán un ajuste fiscal significativo, de 5 % del PIB.

Se busca un aumento de ingresos tributarios de 2,5 % del PIB (unos $2.500 millones), junto con una reducción del gasto de una magnitud similar. Con ello, se esperaría reducir el déficit del sector público no financiero de $7,3 mil millones en 2020 a $2,9 mil millones en 2021.

Se sugiere un aumento del IVA en 3 %; así como un incremento del impuesto a la renta personal de 5 % para ingresos superiores a $27.000 anuales (y de 3 % para ingresos inferiores a $27.000). 

El Informe del FMI (Staff Report) publicado el 23 de diciembre menciona que los tres candidatos principales (Lasso, Arauz y Pérez) han indicado que podrían impulsar reformas tributarias, pero no está claro si alguno de ellos se habría comprometido a aumentar el IVA o el impuesto a la renta. El FMI mantuvo reuniones con Guillermo Lasso, Andrés Arauz y César Montúfar (Yaku Pérez no aceptó reunirse).

Lasso ha dicho que reducirá los impuestos, pese a que se mantiene un déficit del 7 % del PIB; Arauz y Pérez han indicado que buscarán renegociar el Acuerdo, en tanto que Arauz específicamente ha dicho que piensa aumentar el gasto público corriente y de inversión, lo cual seria contrario al ajuste fiscal requerido. Sería improbable que en esas circunstancias se produzca el nuevo desembolso del Fondo, con lo cual se agudizaría la brecha financiera de 7,7 % del PIB prevista para el 2021. Arauz también ha mencionado que impulsaría un impuesto al patrimonio del 2 % anual.

El candidato que aparece cuarto en el promedio de encuestas, César Montúfar, ha dicho que no aprobaría ni un aumento ni una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero que, si estaría a favor de aumentar la progresividad del impuesto a la renta (IR), y así mismo a reducir las exenciones de dicho impuesto. También ha propuesto un impuesto del 1 % al patrimonio, para los patrimonios superiores a $400.000 (excluyendo la vivienda principal).

En cuanto a reducción del gasto, Lasso menciona la “reducción del tamaño del Estado”. Recortes mayores sea en gastos de personal como en inversión serían complicados, dado que ya se han reducido mucho. La inversión pública ha disminuido de 8 % del PIB en 2018 a 6,1 % del PIB en 2020, y se anticipa una reducción adicional a 5,4 % del PIB en 2021. Esto incluye inversión en el sector petrolero, de cerca de 1,5 % del PIB, que se requiere para mantener los niveles de producción actuales.

El gasto en sueldos del sector público se ha reducido de $10,3 mil millones en 2018 a $9,6 mil millones en 2020, y se anticipa mantenerlo en niveles cercanos a $9,6 mil millones en 2021-23. Ya se han desvinculado unos 50.000 empleados públicos.

Según la Tabla 6 del Staff Report, el efecto neto del aumento del número de familias que reciben el bono y los aumentos de las tasas del IVA e IR sería incrementar los ingresos en los primeros 3 deciles, mantener ingresos similares en los deciles 4-7, y reducir los ingresos en los deciles 8-10 (y una reducción del coeficiente de Gini, un indicador de desigualdad, a los niveles anteriores a la pandemia).

El informe del FMI estima que un millón y medio de personas cayeron bajo la línea de pobreza por la pandemia (y que los pobres han aumentado de 30 a 38 % de la población).

El Fondo recomienda continuar los esfuerzos para facilitar la creación de empleo (permitiendo más flexibilidad en horas de trabajo, contratación a tiempo parcial, etc.).

El FMI también sugiere continuar la reducción de los subsidios al diésel y la gasolina que iniciaron Correa y Moreno. El subsidio a la gasolina prácticamente se eliminaría, y el subsidio al diésel bajaría de $965 millones en 2019 a $739 millones en 2021. 

Con estos esfuerzos, la deuda pública total podría bajar de 66 % del PIB en 2020 a 56,6 % en 2025 (sin cruzar el umbral critico de 70 % del PIB).  

Otro compromiso es aumentar la independencia y autonomía del Banco Central, e impedir financiamiento del BCE al gobierno (Arauz ha anunciado políticas contrarias).

Arauz piensa aumentar el llamado “impuesto a la salida de divisas” al 27 %, con lo cual en realidad se impedirá el ingreso de recursos para inversión. Propone una “política monetaria creativa” para crear “dinero electrónico” sin ningún respaldo. Estas políticas también serian contrarias a las recomendaciones del FMI.

En definitiva, es probable que, con Arauz o Pérez, se suspenda el programa con el FMI, lo cual incidiría en un aumento del “riesgo país”, un incremento de la tasa de interés a la cual tendría acceso el Ecuador en los mercados internacionales.

La reestructuración de los bonos abrió una ventana de cuatro años de menores pagos del capital (aparte de la reducción del principal efectuada en 2020). El riesgo sería que un nuevo gobierno comience a endeudarse nuevamente (vía bonos o prestamos bilaterales de China), lo cual pondría en riesgo la sustentabilidad de la deuda. Igualmente, si no se mantiene el programa con el FMI, no se recibirán los $2.500 millones restantes, con lo cual se podrían agravar los atrasos en pagos a proveedores, sueldos, etc.).

Algunos indicadores publicados en el Staff Report del FMI:

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/23/Ecuador-First-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-and-49980

No, Sr. Arauz, no hay una “desdolarización buena”

Por Luis Fierro Carrión 

El Econ. Andrés Arauz, candidato presidencial por el Correísmo, publicó el 20 de abril pasado un artículo titulado “Desdolarización mala y ‘desdolarización’ buena”:

https://dolarizacion.ec/2020/04/20/desdolarizacion-mala-y-desdolarizacion-buena/

(me dicen que el acceso está restringido en el Ecuador, pero pondré al final capturas de pantalla del mismo).

El candidato del grupo encabezado por un prófugo afirma que hay un debate sobre la “desdolarización” en el Ecuador, y cita como ejemplo una malhadada intervención del asambleísta Cesar Rohon del Partido Social Cristiano.

La verdad es que, aparte de Sr. Rohon, los únicos líderes políticos que han propuesto tal desfachatez han sido los propios Correístas, comenzando por un artículo publicado por Rafael Correa en 2004 en la Revista Iconos de la FLACSO (antes de ser Ministro o Presidente).

https://www.researchgate.net/publication/26483985_Dolarizacion_y_desdolarizacion_mas_elementospara_el_debate

En mayo 2019, Pablo Dávalos publicó un artículo en el cual afirmaba (falsamente) que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ponía en riesgo la dolarización. Ya en esa ocasión escribí una nota en este mismo blog desechando ese argumento falaz:

https://economicsandinvestment.blogspot.com/2019/04/ni-desdolarizacion-ni-prosperidad.html

Los acuerdos con el FMI (el primero, y luego el segundo) mas bien buscaban fortalecer la dolarización, aumentando las reservas netas (que Correa dejó en términos netos negativos).

Es cierto que, quienes promueven la desdolarización, lo hacen con el fin ultimo de reducir el salario real, provocando una devaluación e inflación, con el objetivo supuesto de lograr que el Ecuador tenga mas “competitividad”. En parte el problema se debe a que durante el gobierno de Correa se aumentó el salario mínimo a un ritmo mucho más acelerado que el de la productividad, con lo cual cada hora de salario mínimo en el Ecuador cuesta aproximadamente el doble que el de nuestros países vecinos (que tienen niveles similares o mayores de productividad), Colombia y Perú.

Una solución real a este problema sería reducir el salario mínimo, como lo hicieron Portugal y Grecia en circunstancias similares.

Pero una desdolarización, devaluación, e inflación solo crearían mas miseria, aparte de generar incertidumbre, falta de confianza, y una probable fuga de capitales.

Es por ello que los sindicatos, trabajadores, jubilados y mas personas que perciben una renta fija en el mundo entero siempre han combatido por una “moneda dura”, que no se desangre en medio de la inflación (esta fue incluso una de las banderas de lucha de los trabajadores inmolados el 15 de noviembre de 1922).

Un estudio de la época destaca que una organización de trabajadores “presentó ante el Congreso Nacional una petición para la derogatoria de la Ley Moratoria [Ley que eliminó el patrón oro] y la declaro ‘favorable a los especuladores [y] perjudicial a las clases obreras” (Milk, 1997, p. 80,  https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1501&context=abya_yala). Recuérdese que en 1922, cuatro bancos privados imprimían billetes sin respaldo, lo cual derivó en una inflación descontrolada.

Arauz habla de una “‘desdolarización’ buena [que] buscaría: más medios de pago y encarecimiento de las importaciones.”

Ahí es donde cae en una falacia.  Al generar una “moneda electrónica”, que seria emitida sin respaldo, se provocaría igualmente la devaluación de tal “moneda electrónica” y su pérdida de poder adquisitivo. Adicionalmente, si el Estado usase dicha “moneda electrónica” para pagar sueldos y a los proveedores, rápidamente se impondría un sistema bimonetario, en el cual la “moneda electrónica” perdería valor rápidamente frente a los dólares de EE.UU.

Así, por ejemplo, los Correístas han propuesto entregar una “renta básica universal” (RBU) de 400 de estas unidades de moneda electrónica, que en pocos meses caería de valor por debajo de los actuales $50 del bono de desarrollo humano. Pero, al impulsar este bimonetarismo, podrían empujar a una desdolarización de facto, incautando cuentas bancarias, restringiendo el acceso a los dólares para importadores, etc.

Si bien Arauz afirma que “En ningún caso implica reducir la remuneración ni la capacidad adquisitiva de los trabajadores, excepto en bienes importados”, en la práctica el poder adquisitivo de estos “patacones electrónicos” caería rápidamente, al no aceptar los bancos, comercios u otras entidades un cambio de uno a uno con el dólar. Exactamente eso pasó en Argentina cuando la emisión de “bonos” – llamados patacones” - dio al traste con la convertibilidad.

Arauz continúa proponiendo elevar el “impuesto a la salida de divisas”, que se convertiría en un “cupo fijo” vendido por el Banco Central, de 27 % (mas que quintuplicando el ISD actual, de 5 %).

Cabe mencionar que, si bien este impuesto se denomina “a la salida de divisas”, en la práctica se vuelve en un desincentivo para el ingreso de divisas por inversión, dado que los inversionistas saben que, para poder importar maquinaria, equipos, bienes intermedios e insumos, así como para poder extraer los dividendos ganados, tendrán que pagar esta tasa (del 5 % actual, o 27 % propuesto por Arauz).  A ello se añade que este “cupo limitado” sería “concedido” por el Estado, generando en los hechos un mercado distorsionado, el mismo que ha derivado en grandes problemas (y gran corrupción) en los países que lo han aplicado, como Venezuela o Argentina.

Arauz y sus aliados (entre ellos Pablo Dávalos) persisten en confundir – mañosamente – la “salida de divisas” con la “fuga de divisas”.  Mas del 90 % de la salida de divisas corresponde a las importaciones de bienes y servicios.  Una tasa (del 5 % o el 27 %) lo único que hace es encarecer el costo de los bienes y servicios en el Ecuador, es similar a un arancel.

Mas allá de los problemas económicos y financieros concretos que podrían derivarse de este intervencionismo estatal en los mercados privados, que eleve los costos de los bienes y servicios consumidos por los ecuatorianos, está el aspecto filosófico subyacente. Arauz propone “reducir en 10% la salida bruta de divisas privadas”; y, además, “una segunda meta plantearía repatriar $12 mil millones del sector privado”.  Es decir, quiere que el Estado intervenga en decisiones privadas, y obligue de alguna forma a “repatriar” activos externos de sectores privados.  Lo que parece fácil asumir es que amenazas de incautación, impuestos del 27 %, y más restricciones al sector privado NO generan un incentivo para atraer capitales externos.

Se buscaría una pauperización de la población, para que dependa de las dádivas del Estado (en lugar de impulsar la generación de empleo productivo).

Por lo demás, tales propuestas monetarias y fiscales llevarían a que no se produzcan nuevos desembolsos del programa del FMI, con lo cual las brechas financieras y fiscales del próximo gobierno se ensancharían.

En fin, las propuestas del candidato Arauz llevarían a que el Ecuador se Venezuelanice a pasos agigantados.

Si realmente queremos fortalecer y blindar la dolarización (e impulsar una reactivación económica), se requiere:

      ·        Reducir el gasto público, precautelando el gasto social.

      ·        Revisar exenciones y aumentar la progresividad del impuesto a la renta

      ·        Explorar la creación de un impuesto del 1 % a los patrimonios más altos.

      ·        Aumentar las reservas internacionales netas

      ·        Atraer inversión extranjera (sin propuestas desfachatadas ni confiscatorias)

      ·        Reducir el “Impuesto a la Salida de Divisas”

      ·        Generar políticas públicas para la creación de empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

      ·        Enfocar el crédito externo en la reactivación de las Pymes

      ·        Promover una reactivación verde, atrayendo recursos de donación y concesionales para la inversión en energía renovable, eficiencia energética, transporte público, y más medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

      ·        Dar incentivos tributarios a estas inversiones “verdes”

      ·        Terminar de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles

      ·        Aumentar la cobertura y el monto del bono de desarrollo humano (pagadero en dólares de EE.UU., y no en patacones electrónicos). 

Otras propuestas aparecen en el programa de gobierno de César Montúfar, de la Alianza Honestidad:

https://cesarmontufar.com/assets/media/files/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf